La muerte de Luis Echeverría Álvarez “no extingue el expediente de 1968; tampoco cancela nuestra demanda de que los archivos donde quedó plasmada la actuación de las fuerzas armadas se entreguen a las autoridades ministeriales y del Poder Judicial de la Federación para que los responsables que aún sobreviven de aquellos tiempos de persecución y represión política sean llevados ante la justicia”, afirmó Félix Hernández Gamundi, uno de los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

“Primero que sean utilizados para castigar a los responsables de genocidio por lo ocurrido en 1968, y ya luego que se envíen al Archivo General de la Nación (AGN) para el estudio de historiadores o analistas, lo importante es que haya justicia para quienes sufrieron los actos de represión”.

En entrevista con La Jornada, el ex dirigente estudiantil señaló que es “lamentable que Luis Echeverría Álvarez haya decidido guardar silencio hasta su tumba. Pero su fallecimiento no cierra el caso de 1968 ni los crímenes posteriores. La impunidad de quienes realizaron la represión continúa, pero los agravios cometidos han sido documentados y por ello nuestra lucha por lograr justicia tendrá que continuar sin duda alguna”.

Explicó que en lo referente al expediente relacionado con la masacre del 10 de junio de 1971, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, del cual forma parte, interpuso ante instancias internacionales “una demanda por denegación de justicia contra el Estado mexicano”.

En cuanto al 2 de octubre de 1968, es un caso que sigue abierto y se debe continuar con el expediente ante la justicia mexicana. Luis Echeverría no fue exonerado, quedó en libertad bajo reservas de ley, por eso ahora tendremos que ver qué sigue desde el punto de vista jurídico.

“Desde luego que ante la muerte del principal acusado (Luis Echeverría), la causa penal se extingue en relación a él, pero existe una lista muy larga de coacusados. Muchos de los integrantes del Batallón Olimpia (que participaron en la masacre del 2 de octubre de 1968) siguen vivos. Los que eran altos oficiales y generales ya murieron, al igual que los responsables de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), pero es un caso que debe continuar inevitablemente.

“Está pendiente la reparación de los daños, porque todos los actos de represión y la persecución de la que muchos fuimos víctimas, aun años después de 1968, significó la cancelación de proyectos de vida para familias enteras. Las huellas del daño allí están y debe ser reparado, por eso es tan importante la acción de la justicia. En esta administración se ha integrado una Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia, pero es muy pronto para analizar resultados. Insisto, se requiere conocer toda la verdad de los hechos de 1968, ya que existen registros del Poder Judicial de la Federación, con base en el criterio del magistrado José Ángel Mattar Oliva, quien resolvió que efectivamente se surten los elementos para concluir que se cometió un delito de genocidio.

“El magistrado consideraba, de los sobrevivientes, como el principal responsable a Luis Echeverría, pero no el único culpable, y por ello decidió que era procedente emitir la orden de aprehensión en contra del ex mandatario, que se le llevara a juicio y, posteriormente, ello fue el sustento para que Echeverría quedara en prisión domiciliaria.

“Sin duda, todavía hay involucrados en lo sucedido en 1968 que aún viven, entre ellos, integrantes del Batallón Olimpia, que eran tan jóvenes como nosotros. Cuando Raúl Álvarez Garín (otro ex dirigente estudiantil, fallecido en septiembre de 2014) fue diputado federal, él hizo una investigación y el resultado fue que todos ellos seguían en el Ejército o en distintas posiciones en la administración pública federal y que todos fueron premiados generosamente por el gobierno por ‘méritos’ consistentes en la represión del 2 de octubre”.