La Habana., El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el próximo lunes, en el primer aniversario de las mayores manifestaciones antigubernamentales en 60 años, la isla celebrará la derrota de “un golpe de Estado vandálico”.
“Lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio, es que el pueblo cubano y la revolución cubana desmontaron un golpe de Estado vandálico”, destacó el mandatario, al clausurar la noche del viernes el Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Estoy convencido de que, defendiendo el socialismo, superaremos la dura situación actual y venceremos a los imperialistas”, dijo en referencia a la profunda crisis económica que enfrenta la isla, la peor en tres décadas, en medio del endurecimiento del embargo impuesto por Estados Unidos desde hace 60 años.
Hay 488 encarcelados
Las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 sacudieron a cerca de 50 localidades de la isla, dejando un muerto, decenas de heridos y varias detenciones. La Fiscalía General de la República, 790 prisioneros fueron encausados y 488 recibieron sentencia definitiva, muchos por el delito de sedición con penas de hasta 25 años de cárcel.
El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso este sábado restricciones de visado a 28 funcionarios de Cuba supuestamente relacionados a la “represión” de esas protestas.
En un comunicado, el departamento anunció que las restricciones se aplicarían a miembros de alto rango del Partido Comunista de Cuba y a funcionarios que trabajan en los sectores decomunicaciones y medios de información estatales del país.
En respuesta, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, tuiteó: “Ante el fracaso en intento de provocar en Cuba una sublevación popular en 2021, el gobierno de Estados Unidos y su secretario de Estado buscan ahora desacreditar el triunfo popular frente a la agresión imperialista. Sus reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”.
El Departamento de Estado acusó a los funcionarios del partido de establecer políticas que sometieron a cientos de personas involucradas en las protestas “a sentencias injustas”.
