Chilpancingo, Gro. Gilberto Aguirre Bahena, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien purga sentencia de 40 años en el penal de Las Cruces, en Acapulco, pidió al mandatario Andrés Manuel López Obrador su libertad y la de tres compañeros, porque “estamos detenidos injustamente, y eso el Presidente ya lo sabe, pues en su conferencia mañanera ya se refirió a nuestros casos”.

Entrevistado vía telefónica, Aguirre Bahena narró que lleva 20 años y dos meses preso. “Me detuvieron el 16 de mayo en 2002, en Mexicali, Baja California. Soy miembro y fundador de la OCSS. Yo vivía en la sierra de Tepetixtla (municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande), ahí empezamos a fundar la organización para exigir al gobierno el cumplimiento de nuestras demandas”. Las injusticias eran muchas, señaló, y “el gobierno nos empezó a pagar con muerte, masacres, desapariciones, tortura y encarcelando a líderes sociales”.

La mañana del 28 de junio de 1995, Aguirre Bahena viajaba, junto con miembros de la recién formada OCSS, de Tepetixtla rumbo al municipio de Atoyac de Álvarez, con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda por parte del gobierno del estado para los cultivadores de café, entre otras demandas para la gente de la sierra.

Él iba en una camioneta, justo detrás de la primera unidad que fue baleada en el vado de Aguas Blancas por policías estatales que dejó 17 campesinos muertos y varios heridos. “Lo que recuerdo es que como pudimos nos tiramos al suelo, porque la balacera era intensa”.

Desde entonces, se dice sobreviviente de la masacre, considerada un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, añadió, “a partir de ahí empezó una persecución contra los militantes de la OCCS, que costó la vida, la desaparición, la cárcel y el desplazamiento de compañeros.

“Muchos huimos a otros lugares para trabajar, porque aquí el gobierno de Guerrero nos perseguía. Algunos se fueron a otras entidades o a Estados Unidos; eran los tiempos del gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) y del presidente (Ernesto) Zedillo (1994-2000)”, refirió.

Recordó que algunos de sus compañeros de lucha fueron asesinados. “A mi hermano Eugenio lo mataron, también a un colega y junto con él a Ismael Mena. Luego vinieron más muertes. Ahí empezó todo, pero siguieron más crímenes, sufrimos muchas bajas. Las autoridades no tomaron en cuenta que nuestra organización es social, democrática y no era justo lo que nos hicieron”.

Gilberto Aguirre señaló que toda su familia lleva 20 años siendo perseguida por las administraciones anteriores y cuando empezaron las agresiones armadas contra sus parientes decidieron huir hacia Mexicali, con su hermano Antonio, que laboraba en esa ciudad. “Con mis hijas nos fuimos para allá, estaban chiquitas y apenas teníamos para comer”.

Relató que durante su detención sufrió tortura por los agentes ministeriales, “porque el señor Eduardo Gallo Tello era el interesado en detenernos”. Al empresario morelense le secuestraron a su hija en 2000, y presuntamente una forma de implicar a los campesinos en esta trama fue acusarlos de asesinar a los secuestradores de la joven a fin de que no se supiera quiénes la plagiaron.

“Tengo fotografías de cómo llegué golpeado al penal, los custodios me amenazaron con quitarle la vida a miembros de mi familia, puesto que yo ya sabía lo que le había pasado a otros, a los que ya habían matado”, detalló.

En la persecución contra los integrantes de la OCSS fueron asesinados, entre otros, Antonio Aguirre Bahena, hermano de Gilberto. “A él lo mataron en la Costa Chica, estaba con su esposa, y ahí les llegaron; se andaba escondiendo porque los andaban buscando”.

También ultimaron a cuatro de sus primos. “Eran Antonio Bahena Maldonado, Benito Bahena Maldonado, a él lo desaparecieron, lo levantaron en Acapulco, en el Parque Papagayo. También Mauro e Isidoro Bahena Maldonado, pura familia que fue masacrada o se desconoce su paradero”.

En los años 70 su padre fue de-saparecido, “y por eso también estábamos luchando contra el gobierno por tantas injusticias. De mi papá nunca supimos nada, nunca lo presentaron en ninguna cárcel”.

Llama a la solidaridad

El integrante de la OCSS pidió a las organizaciones sociales, incluido los maestros, solidarizarse con su movimiento. “Que nos ayuden a luchar por nuestra libertad, ya es tiempo de que estemos con nuestras familias, imagínense, llevamos más de 20 años presos; es la mitad de la vida que uno deja en estos lugares injustamente, porque el gobierno quiere tener a uno, pagando un delito que no cometió”.

–¿De qué lo acusan?, se le preguntó.

–De tres muertes en Morelos. De supuestamente haber asesinado a los secuestradores de la hija de Eduardo Gallo, al momento de que acudieron a cobrar el rescate. Pero eso no es verdad. Mi culpabilidad es pertenecer a la OCSS.

“Hago un llamado al Presidente (López Obrador) para que cumpla con lo que él ha contestado cuando le han mencionado nuestro caso. Estamos presos injustamente. Él ya lo reconoció; pero no ha dado ninguna respuesta.

“Y exhorto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que también cumpla, porque la vez pasada se hizo un plantón (en Acapulco) y se llegó al acuerdo de que se iba a tener una reunión con ella, y un día antes avisaron que siempre no”.

También solicitó a los tres niveles de gobierno visitar las cárceles. “Aquí se muere la gente por falta de atención médica, por negligencia del mismo gobierno, y de los responsables del penal.

“Hay personas que se pueden salvar; pero no les dan atención médica. Uno también ha sufrido ese miedo, si uno se llega a enfermar, aquí nos vamos a morir”, manifestó.

Aunque, dijo que se han puesto muchas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hay respuesta, “a los enfermos nada más les dan una pastillita de diclofenaco y paracetamol y es todo lo que les hacen”.

Trabajo dentro del penal

Su caso inició en Morelos y después lo trasladaron a Acapulco, Guerrero. “Caí en Morelos, mi proceso lo llevé ahí y fui sentenciado, perdí la apelación. Promoví mi traslado a este lugar, porque aquí estaba viviendo mi familia.

“Aquí me he dedicado a trabajar en la elaboración de hamacas, bolsas, cuadros, muebles, no me gusta andar en problemas, no meterme con nadie, simplemente a trabajar para apoyar a mi familia”.

A Gilberto le dictaron sentencia de 40 años. “Ya cumplí la mitad, también ya tengo derecho a un beneficio de libertad; pero estando aquí no tenemos recursos como para pagar un abogado. No hemos podido llevar el proceso bien, ha habido muchas irregularidades por parte de los jueces”, acusó.

Y después de todos estos años, manifestó, aún recuerda las amenazas que le profirió Eduardo Gallo. “Me dijo que podía entrar, sacarme de mi celda, desaparecerme y matarme y nadie iba a hacer nada; ‘también puedo sembrarte más delitos, droga o cualquier otra cosa, y como quiera tú vas a pagar en la cárcel, me advirtió’”.