Mexicali, BC., En los ranchos agrícolas del Valle de San Quintín existen “grandes” problemas para los trabajadores, entre ellos el incumplimiento del reparto de utilidades, el pago de salario integrado y la contratación diaria, que se hace sin registro oficial, ni reconocimiento de los derechos laborales, señaló Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

Es “explotación” la que realizan las empresas, aseguró en entrevista la líder de esta organización sindical, creada durante la huelga de abril de 2015, cuando los jornaleros detuvieron la producción y paralizaron la carretera transpeninsular para exigir pago justo de jornada y de prestaciones, así como seguridad social.

Las demandas permanecen y adquieren otras dimensiones, como es el caso de los salarios integrados que conjuntan en el pago semanal el aguinaldo, vacaciones, séptimo día y hasta las utilidades, “lo que genera opacidad” tanto en sueldo como en las prestaciones de ley que se otorgan.

“En los talones de pago no se específica cada rubro, todo se compacta”, manifestó el secretario de organización del SINDJA, Lorenzo Rodríguez, y “es impensable”, dijo, calcular las utilidades, porque responden a una declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al final del año para su reparto en mayo, en caso de personas morales, y en junio, para personas físicas.

La mitad de las 60 ranchos que hay en San Quintín omitieron la distribución de utilidades y el resto dio cantidades “irrisorias” de 40 o 60 pesos, denunció Rodríguez, quien aclaró que solo dos patrones hicieron el pago conforme a la ley.

Éstos últimos otorgaron entre 12 mil y 15 mil por jornalero, pero se calcula, agregó, que en este caso se encuentran sólo 5 por ciento de las 40 mil personas que ofrecen sus servicios en la región; “ahorita, por incumplir, están en paro laboral varios ranchos, entre ellos Fragaria y Vijose” apuntó.

“Saliendo y pagando”, método de explotación

A diario, explican los representantes del sindicato independiente, llegan camiones con 60 u 80 trabajadores y un intermediario negocia con cada uno el pago de la jornada en 150, 200 o 300 pesos, sin papeles, ni registro o seguridad social.

Los miembros del SINDJA consideran que esta modalidad, conocida como “saliendo y pagando”, es una especie de outsourcing que explota a los jornaleros y evade las responsabilidades fiscales y laborales del patrón.

–¿Cómo explican que existan estas violaciones, no hay quejas ante las autoridades? se pregunta a Lorenzo Rodríguez.

–La explicación es simple pues, de manera histórica, las empresas agrícolas del Valle de San Quintín tienen registrados los contratos colectivos y las condiciones de trabajo, en su mayoría con los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México.

Aunque también los hay con la Confederación Regional Obrera Mexicana o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, los que han consentido las violaciones a los derechos laborales de jornaleros y jornaleras, por eso el SINDJA pide que se vayan.

El secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, Alejandro Arregui Ibarra, reconoció el problema que representa el “pago en efectivo” en el esquema de “saliendo y pagando” que realizan las empresas para remunerar una jornada de trabajo en el Valle de San Quintín.

Para solucionar esta situación, dijo, además de hacer inspecciones, es determinante complementarlas con las denuncias de la gente.