Frente a los millonarios ingresos que obtienen los grandes consorcios mineros, en al menos siete comunidades que poseen ricos yacimientos de oro y plata, sus pobladores viven en pobreza extrema. Carecen de servicios de salud, seguridad social, agua potable, drenaje y padecen rezago educativo, señaló Aleida Azamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Es el caso de Mazapil, Zacatecas, uno de los mayores productores de plata, que también es de las regiones con más marginación y donde 22.2 por ciento de sus habitantes viven en pobreza extrema, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En esta situación están los municipios Eduardo Neri, Guerrero; Ocampo, Chihuahua; Zacazonapan, estado de México; Álamos, Sonora; Minatitlán, Colima, y San José del Progreso, Oaxaca, indicó.

La especialista añadió que también hay al menos 13 municipios mineros cuyos habitantes están en condición de pobreza. Destaca la comunidad de Fresnillo, Zacatecas, donde se ubica el yacimiento de plata más importante del mundo y el más grande de México, propiedad de Grupo Peñoles. En este lugar más de la mitad de sus habitantes vive en pobreza.

En condiciones similares están municipios como Chalchihuites y Sombrerete, en Zacatecas, y Santiago Papasquiaro, Durango, entre otros, detalló al participar en un seminario virtual.

Comentó que se ha concesionado a las empresas entre 11 y 12 por ciento del territorio nacional, lo que equivale a todo el estado de Chihuahua, y además se ha explorado 30 por ciento del país.

A la fecha, añadió, hay más de mil 200 proyectos mineros y más de mil 600 empresas que operan en el país, la mayoría extranjeras, con concesiones que van de 50 a 100 años, lo que permite al consorcio “especular en la bolsa de valores sin siquiera producir”.

Azamar subrayó que a pesar de que las concesiones se prolongan por periodos hasta de 100 años, los proyectos mineros son de corto plazo, es decir “suelen durar de 10 a 30 años” y una vez que no son redituables, las empresas abandonan el lugar y dejan la destrucción de los ecosistemas y consecuencias “irreversibles en los suelos para otras actividades productivas”.

La investigadora señaló que para lograr asentar sus proyectos, en ocasiones las empresas desarrollan acciones sociales como construcción de escuelas o clínicas, para “tranquilizar a la población” y lograr su aceptación. A esta acción, indicó, los consorcios llegan a destinar entre uno y 3 por ciento de sus ganancias.

No obstante, estas obras de infraestructura sólo duran mientras esté activo el proyecto minero, después serán abandonadas y la población no podrá sostenerlos, dejando a la comunidad condiciones de suma precariedad.