La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República (FGR) realizará nuevas diligencias en el caso Colosio a partir de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relacionada con presuntos actos de tortura cometidos en contra de Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio del que fuera candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994, confirmaron funcionarios ministeriales.

Las fuentes consultadas indicaron que no se trata de la reactivación del caso; es decir, de su reapertura, ya que el expediente no fue cerrado, sino enviado a la reserva en espera de nuevas evidencias que hagan necesario reabrir alguna línea de investigación, por lo que se refiere a las averiguaciones previas 739/94, 743/94, 789/94 y 852/94, iniciadas por el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

En 2000, el último fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez envió a la reserva el expediente en el cual se habían acumulado todas las actuaciones relacionadas con el caso y que concluyó con la integración de 174 tomos, en los cuales se analizaron cuatro grandes rubros con todas las líneas de investigación, divididas en el crimen y sus circunstancias, el autor material, posibles cómplices y encubridores, y el entorno político y narcotráfico. Para ello, se incluyeron mil 93 declaraciones de testigos de lo sucedido.

Sin embargo, desde el pasado abril, la FGR, a raíz de una recomendación de la CNDH, inició la revisión del caso y asignó este trabajo al fiscal Abel Galván Gallardo, bajo la dirección de Sara Irene Herrerías, titular de la FEMDH.

En la recomendación 48VG/2021, emitida por la CNDH, se menciona que desde 1994, cuando ocurrieron los hechos en Lomas Taurinas –colonia de Tijuana, Baja California, en la que fue asesinado Colosio–, no se realizó una investigación ni un “proceso justo y apegado a derecho”.

Con esta revisión de expediente, si se acreditara que Mario Aburto –homicida confeso y sentenciado a 45 años de prisión– fue objeto de actos de tortura u otras violaciones a sus derechos humanos tras su detención, se procuraría un reconocimiento de inocencia.

De esa manera, señalaron funcionarios ministeriales, se obtendrían nuevas evidencias que obligarían a la reapertura del caso.