La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez no borró el gesto de indignación de muchos rostros. No hizo que las víctimas de sus abusos bajaran el puño o dejaran de exigir justicia. Su fallecimiento, a los 100 años de edad, no hizo que se apagara la exigencia de que sea juzgado y recordado como un “genocida”.

Este sábado, varias horas después de que se diera a conocer la muerte de quien es mencionado como uno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país, el Comité 68 convocó a una manifestación frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional para dejar clara su posición con respecto a este hecho.

Luego de cambiar la sede de la protesta en un par de ocasiones, los organizadores llegaron frente a Palacio en medio de consignas como “2 de octubre, no se olvida. Es de lucha combativa”, “Ni perdón, ni olvido. Castigo a los asesinos” o “Echeverría, asesino, la impunidad no es tu destino”.

Ahí, frente a varios reporteros y camarógrafos, dieron lectura al comunicado del Comité 68 sobre la muerte del ex mandatario, a quien definieron como “uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la Guerra Sucia”, bajo la cual fueron asesinadas o desaparecidas miles de personas.

Acompañados de integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicales y populares, los manifestantes recalcaron: “Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros responsables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la comisión del delito de genocidio.

“Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria, murió como imputado por el delito de genocidio. Es decir, nunca fue exonerado. Se le dejó en libertad bajo las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República”.

En ese mismo sentido, el Comité 68 recalcó que “la muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales. La lista de perpetradores es conocida por todos y continúan gozando de la impunidad y la protección del poder político oficial”.

De igual forma, exigió una reforma al sistema judicial “para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelvan a cometer”, así como la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Echeverría para que sean. aplicados en la reparación del daño en favor de las víctimas”.

Presente en el Zócalo, Rafael Rangel “El Jarocho”, sobreviviente de las matanzas del 2. De octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, enfatizó que al fallecido ex presidente “no le deseamos nada malo, porque todo lo malo se lo llevó con él. Se lo hemos dicho al Presidente, a las nuevas autoridades: esto no se olvida ni se olvidará. La justicia no cesa por dejar de existir. Seguimos en pie de lucha y no daremos ni un paso atrás”.

Por su parte, Luis Tuñón, también participante de las luchas estudiantiles de los. años 60 y 70 del siglo pasado, subrayó que a Echeverría y otros altos funcionarios civiles y militares de aquella época “la historia debe juzgarlos como genocidas que deben parar en la cárcel, porque ningún compañero caído y ninguna víctima puede otorgarles el perdón”.

Con voz encendida por el enojo, el hombre gritó: “Deberíamos traer pirul e incinerarlo con él, porque ese señor es lo que merece. Todos aquellos que sobrevivimos el 2 de octubre y el 10 de junio estamos exigiendo que castigue a todos los responsables”.

A la movilización acudieron integrantes de organizaciones como Jóvenes ante la Emergencia Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento de Trabajadores Socialistas y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.