La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México cumplió nueve años el pasado martes 5 de julio. Una demanda colectiva que ha dado pasos históricos en la defensa de nuestro patrimonio nacional y que hoy es un frente sólido que impide la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano.
Como se recordará, en 2013 decenas de personas y organizaciones campesinas, apicultoras, defensoras de derechos humanos, académicas, artísticas, de consumo y gastronomía hicieron uso de esta herramienta jurídica, que llegó tarde a nuestro país, pero que hoy representa un parteaguas en el derecho mexicano, y ha demostrado ser de gran utilidad para los movimientos sociales y el acceso a la justicia, en un sistema en el que unos cuantos poderosos menoscaban los derechos, la dignidad y la vida de las mayorías.
¿Cuál es la finalidad de la Demanda Colectiva Maíz? Denegar permanentemente todos los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados (OGM) de maíz en México, a partir de solicitar que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de generaciones actuales y futuras, así como los derechos culturales, a la salud y a la alimentación (https://bit.ly/3agDfpV).
En pasadas ocasiones he hecho mención de que México y Centroamérica son centro de origen y diversificación constante del maíz y que las diversas razas y variedades de maíces criollos que podemos encontrar en las distintas geografías del país existen gracias a las familias campesinas que las han reproducido a partir del libre intercambio de semillas y del uso de sistemas de siembra tradicionales, como la milpa. Pero encontrándonos en una situación compleja para el campo mexicano y la producción de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados, que nos permitan además hacer frente a las desigualdades que viven millones de mexicanas y mexicanos en materia de salud y alimentación, es menester recordarlo.
En un comunicado publicado el pasado jueves 7 de julio, la Colectividad Demandante contra el maíz transgénico conmemora nueve años de impulsar este frente, que ha combatido contra cientos de impugnaciones de Monsanto, para frenar el juicio que proscriba judicialmente la siembra de maíz transgénico, conocidas por 17 tribunales del Poder Judicial de la Federación, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hasta ahora ha sido la medida precautoria, concedida en septiembre de 2013, la que ha impedido la siembra de maíz transgénico. Medida que el pasado 13 de octubre de 2021 la primera sala de la SCJN ha ratificado y se mantendrá hasta que el juicio principal tenga una resolución absoluta. Por tanto, la siembra comercial de maíz transgénico está suspendida, y las empresas trasnacionales sólo pueden sembrar maíz transgénico de manera experimental, lo cual implica por parte de la Colectividad Demandante una observación de los resultados que éstas arrojen.
Al suspender la siembra comercial, se dio la razón a la Colectividad Demandante, y al permitir la siembra experimental y confrontarla mensualmente en juicio, se abrió al mismo tiempo una puerta para contar con información directa en el juicio, con el objeto de decidir si deben o no sembrarse los transgénicos. La colectividad ha conseguido informes mensuales de Semarnat y Sagarpa, hoy Sader. Ello, no obstante, antes que confrontar su información con los científicos de la colectividad y los jueces, la industria ha preferido no sembrar experimentalmente, dando con ello una muestra más de que su objetivo es meramente comercial y lucrativo, y no colaborar en la atención de la alimentación y la salud de las mexicanas y mexicanos.
En su comunicado, la Demanda Colectiva Maíz nos advierte sobre la siguiente etapa en el proceso legal. Una etapa de alegatos, que consiste en que “las partes puedan proponer los argumentos finales para que el juez pueda dictar sentencia, así como una propuesta de estructura y el orden de todos los argumentos jurídicos y pruebas que demuestren nuestras pretensiones, para que la autoridad judicial emita la sentencia de primera instancia”.
Reconocemos que esta demanda de acción colectiva es punta de lanza, y que México es el único país que ha logrado doblegar los intereses de empresas agroindustriales trasnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Dow Agro-Sciences y PHI México, conocida como DuPont-Corteva, que buscan principalmente apropiarse de la biodiversidad mexicana a pesar de atentar contra la salud pública y el medio ambiente. Tendremos ahora que estar pendientes del curso que tome esta demanda de acción colectiva. Más de 400 generaciones campesinas e indígenas, que han sido guardianas de los maíces nativos y de la milpa, la razón y la ética, asisten a tan trascendental exigencia. Ningún permiso de siembra de OGM de maíz en México.