Un juez federal otorgó a la ruta 400 un amparo contra la requisa que aplicó el gobierno de Nuevo León el 2 de julio por subir la tarifa de 12 a 15 pesos, sin autorización. “Se concede la suspensión de plano a Transportes Progreso, para el efecto de que no se ejecute la requisa y/o confiscación de sus bienes”, establece el fallo, el cual no estipula si la administración encabezada por el emecista Samuel García, a través del Instituto de Movilidad debe o no regresar el control de la línea de transporte al permisionario.

Al respecto, el abogado de la compañía, Olmo Guerrero, explicó que con esta decisión deben cesar todos los efectos de la requisa; “no tienen de momento validez legal ni pueden llevarse a cabo”, aclaró.

El juez fijó al estado un plazo de 24 horas para que informe sobre el cumplimiento de esta determinación, a partir de que sea notificado.

La ruta 400 da servicio a los municipios de García, Santa Catarina y Monterrey.

En este contexto, el gobierno de Sinaloa autorizó el alza de un peso en la tarifa del transporte público urbano, por lo que a partir de hoy el boleto en las unidades que cuenten con aire acondicionado costará 12.50 pesos y en los camiones que no lo tienen se cobrarán 11 pesos.

Se mantendrá el precio de 3.50 pesos a los estudiantes con credencial y es gratis para personas con alguna discapacidad.