El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no solicita la constancia de situación fiscal, se trata de un requerimiento que se hizo a los empleadores como medida preventiva para detectar empresas factureras o fantasmas, aseveró la jefa de ese organismo, Raquel Buenrostro.

Durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria detalló que debido a las complicaciones que han enfrentado los contribuyentes para obtener esta constancia, se prorrogó hasta el primero de enero del próximo año la facturación 4.0, y enfatizó: “ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo”.

Explicó que el documento no fue requerido por el SAT, pero es necesario para las empresas porque con las modificaciones a la miscelánea fiscal para emitir la nómina ahora es necesario el código postal y el nombre completo del trabajador, por lo que si éste los conoce puede darlos a la patronal y ésta no tiene por qué exigir la constancia.

EL SAT decidió aplicar esta medida preventiva porque se identificó que cientos y miles de empresas “además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen”.

Para ello usan supuestos empleados de 18 años o adultos mayores, que no están insertos en el mercado laboral, con sus datos generan nóminas falsas y los reportan con salarios bajos para obtener el subsidio al trabajo.

Ejemplificó que en una ocasión un hombre de 87 años, pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, acudió a una consulta y se detectó que de acuerdo con los registros fiscales ganaba alrededor de 28 millones de pesos en salarios devengados por compañías con sedes desde Tijuana hasta Yucatán.

También toman los RFC de entes públicos –aprovechando que sólo son iniciales– para facturar gastos y lavar dinero.

“Por eso pedimos el código postal, porque es un dato que sólo lo tiene el contribuyente o el trabajador, no lo tienen las empresas.”

Buenrostro fue interrogada sobre el caso de Grupo Alsea, que adeuda 3 mil 881 millones de pesos por la compra en 2014 de la cadena de restaurantes Vips, adquirida, de acuerdo a las autoridades fiscales, a un precio por debajo del valor real, impuesto que no se ha liquidado porque la empresa acudió a tribunales y por el momento hay una suspensión provisional.

Por su parte, el presidente López Obrador informó que los ingresos tributarios al 7 de julio aumentaron 2 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021.