La Fiscalía General de la República (FGR) sólo tiene una indagatoria en la que se investiga la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos por el ex presidente Enrique Peña Nieto, relacionada con transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos.

Funcionarios ministeriales señalaron que la querella fue presentada en días pasados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque el caso se trata con total hermetismo, a tal grado que no se ha señalado qué área se hará cargo de la indagatoria.

La presentación de la querella en contra del ex mandatario –aunque nunca se mencionó su nombre– se dio a conocer durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual el titular de la UIF, Pablo Gómez, se refirió a la detección de transferencias internacionales a cuentas de Peña Nieto en España, provenientes de familiares del ex presidente y de dos empresas.

Esta es la primer indagatoria que se inicia de manera directa contra Peña Nieto, ya que en la FGR no existe ninguna otra, aunque su nombre aparece mencionado en la denuncia realizada por Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex. En esa carpeta se habla también de 76 ex funcionarios y legisladores relacionados con el presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial de 2012, en la cual se habrían empleado 4 millones de dólares provenientes de sobornos de la empresa Odebrecht.

Posteriormente, la constructora brasileña entregó 6 millones de dólares más que, según Lozoya Austin, se utilizaron para asegurar la aprobación de las llamadas reformas estructurales durante el gobierno peñista.

Durante esta administración, la FGR había retomado la investigación de actos de corrupción relacionados con la llamada casa blanca, caso en el que se investigaron presuntos actos de corrupción en los que participó la empresa Higa, que vendió a Angélica Rivera, ex esposa de Peña Nieto, una residencia de más de 7 millones de dólares.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública extravió el expediente original y se “perdieron” todas las pruebas con las cuales se determinó que no hubo actos ilícitos en la operación.