Durante la administración de Enrique Peña en el estado de México, la constructora española Obrascón Huarte Lain (OHL) –hoy Aléatica– comenzó a repuntar su desarrollo en el país con contratos millonarios en obras públicas y envuelta en escándalos de corrupción.
La empresa española que llegó a México durante los gobiernos panistas, en menos de una década se consolidó como una de las más importantes de infraestructura en el país y tuvo a su cargo las obras carreteras claves en el estado de México, cuando Peña Nieto gobernó la entidad (2005-2011): el Circuito Exterior Mexiquense, la Supervía Poetas, el libramiento Norte de Puebla y el Viaducto Bicentenario.
En esta última, la firma enfrentó diversos litigios civiles y de amparos relacionados con la liberación del derecho de vía para la edificación de la obra, un segundo piso con cobro de peaje, que se construyó desde la zona del Toreo hasta Tepozotlán, es decir sobre el Periférico Norte de la Autopista México-Querétaro.
Viaducto elevado
El 7 de mayo de 2008, el entonces gobierno del estado de México, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, otorgó a OHL la concesión para construir el Viaducto Elevado Bicentenario, obra que se inauguró el 24 de noviembre de 2010.
La concesión estuvo envuelta en diversas acusaciones de ilegalidad. El abogado Paulo Diez Gargari denunció que cada peso de peaje cobrado por OHL fue indebido, porque el gobierno estatal de Peña Nieto no tenía facultades para entregar en concesión el tramo mexiquense de la carretera federal México-Querétaro a una empresa particular.
En noviembre de 2019, ya bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Ruiz Esparza y la empresa OHL por presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio de Peña Nieto.
En abril de 2020, la FGR confirmó que la concesión otorgada a OHL fue ilegal.
En la investigación también se reveló que la licitación a la firma española se otorgó a pesar que su propuesta económica fue más costosa que la de otra empresa participante, Promotora del Desarrollo de América Latina SA de CV.
