La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al ex presidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar. Con esta información, la fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicialización del caso.

El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que Peña Nieto conformó dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales tenía “relación simbiótica” con una compañía extranjera. Esta última se convirtió en proveedor de su administración, en la cual “se benefició” de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.

En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupción, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espectáculo, porque no es el propósito empantanarse en el escándalo. La UIF depende del Presidente y la instrucción que tiene, “para que se oiga bien y se oiga lejos”, es no ocultar información ni convertirse en una simulación para permitir la corrupción, aunque también aseveró que no hay persecución política ni construcción de delitos en su gobierno.

“Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: ‘Se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos “, agregó.

La instancia que determinará si existe un delito será el Ministerio Público y después un juez. “No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonomía. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez”.

Gómez informó que el ex presidente recibió tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos; en octubre de 2021, dos depósitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consanguíneo registró retiros por 189.9 millones de pesos y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.

–¿Cuáles serían los delitos?

–Los presuntos delitos los establece el fiscal, es parte de su función constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización, no hay delito todavía. El Código Penal Federal otorga a la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita. Sólo en ese caso la UIF es proactiva.

Apuntó que el expediente con la información completa –con datos de Compranet y del sistema financiero– y todos sus detalles ya está en poder de la FGR, a partir de lo cual abrió su carpeta de investigación, a la cual la UIF “aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía”.

Las empresas tienen como giro el comercio, pero “no están en una sola rama”. Gómez indicó que la compañía identificada como B (para respetar la presunción de inocencia) realizó 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021: por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de dólares.

–¿Se ha dado seguimiento a otros ex presidentes?

–No puedo decir que sí ni que no.

–¿Contra (Felipe) Calderón hay una denuncia?

–No tenemos ninguna denuncia presentada contra ese señor en la fiscalía.

Más adelante, ante sendas preguntas, declinó informar si se han detectado movimientos irregulares en las cuentas de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Sin embargo, en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, resumió: “Es un escándalo”, pero acto seguido declinó informar porque fue el presidente de la comisión instructora de la Cámara de Diputados quien promovió su desafuero y ahora está al frente de la UIF.

Gómez aceptó que hay varios elementos en materia penal y civil relacionados con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, que podrían darse a conocer sin afectar los procedimientos judiciales en curso.