Austin. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, autorizó ayer a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y devolver a migrantes sin papeles a la frontera con México, al asumir facultades de los agentes federales y probando los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces ilegales.

Horas antes, el Departamento de Justicia federal de Estados Unidos informó que investiga posibles violaciones a los derechos civiles durante la multimillonaria misión de seguridad fronteriza de Texas, que otorgó a la Guardia Nacional local facultades para realizar arrestos y en la que las autoridades estatales envían a los migrantes en autobús hasta Washington, según registros públicos.

El gobierno federal es el responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero, durante más de un año, Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más dura.

Con la orden ejecutiva que emitió ayer, Abbott no fue tan lejos como para autorizarle a los policías de Texas ni a los miembros de la Guardia Nacional a que lleven a los migrantes a través de los puertos de entrada para dejarlos en México. Eso decepcionó a ex funcionarios del gobierno del ex presidente Donald Trump, que durante meses han presionado a Abbott para que declare que hay una “invasión” en marcha y les ordene a las fuerzas estatales sacar por la fuerza a los migrantes sin papeles del país.

Pero la disposición de Abbott sigue siendo una expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y la policía estatal, que hasta ahora han entregado a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza, y en algunos casos han efectuado arrestos bajo cargos estatales de invasión de propiedad privada. También genera interrogantes sobre el entrenamiento con que cuentan para detener y transportar a migrantes, y probablemente enfrente impugnaciones en las cortes.

Los cruces ilegales se encuentran en su nivel más alto o cerca de él de las últimas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades federales impidieron 523 mil cruces ilegales entre enero y mayo, un incremento en comparación con los 417 mil cruces de ese mismo periodo hace un año.

Abbott ha culpado de ello al gobierno del presidente Joe Biden y ha gastado más de 3 mil millones de dólares de fondos estatales en un mecanismo masivo de seguridad fronteriza. Pero la operación estatal no ha detenido el flujo migratorio.

“Mientras los desafíos en la frontera sigan incrementándose, Texas continuará tomando medidas para hacer frente a esos desafíos provocados por el gobierno de Biden”, declaró Abbott en un comunicado de su oficina publicado en Twitter.

Anunció: “Emití una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a devolver inmigrantes ilegales a la frontera”.

“Los cárteles se han envalentonado y fortalecido por las políticas de fronteras abiertas de Biden traficando un número récord de personas, armas y drogas letales, como el fentanilo. Texas está tomando medidas sin precedentes para detener esta empresa criminal”, añadió.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondieron a una petición de comentarios.

El gobernador hizo el anuncio dos días después de que ex funcionarios del gobierno de Trump y jefes policiales del sur de Texas lo exhortaron a declarar que el estado es invadido y a utilizar poderes extraordinarios que normalmente sólo serían aplicables en tiempos de guerra. Su plan involucra una interpretación novedosa de la Constitución de Estados Unidos para hacer que la Guardia Nacional o la policía estatal envíen por la fuerza a los migrantes a México, sin tomar en cuenta las leyes de inmigración ni los procedimientos policiales.

La idea existe desde hace años en los sectores más derechistas del Partido Republicano, pero ha cobrado fuerza entre los conservadores desde que Biden asumió la presidencia.

Horas antes de que se conociera la orden ejecutiva de Abbott, el Departamento de Justicia federal afirmó que investiga posibles violaciones a los derechos civiles durante la multimillonaria misión de seguridad fronteriza de Texas, que otorgó a la Guardia Nacional local facultades para realizar arrestos y en la que las autoridades estatales envían a los migrantes en autobús hasta Washington, de acuerdo con registros públicos.

La investigación sale a la luz luego de un intento de tráfico de personas que cobró 53 vidas en un tráiler, dejó de manifiesto los límites de los controles fronterizos estatales y federales.

El año pasado, Abbott desplegó un enorme dispositivo policial en la frontera, alegando la inacción de Biden. El aumento en el número de agentes impulsó las detenciones, incluidas las ocurridas por invasión de propiedad, por posesión de cantidades pequeñas de mariguana y otros delitos menores que parecen tener poco que ver con la seguridad fronteriza. Algunos de los detenidos han pasado semanas en cárceles estatales.

Desde abril, Abbott también ha ofrecido a los migrantes viajes en autobús a Washington, DC, señalando que llevaba el tema de la inmigración a la puerta del Congreso. Hasta ahora, unos 3 mil migrantes han hecho el viaje a un costo de más de 5 millones de dólares.