Ciudad de México. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó la resolución de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que impuso a Hugo Francisco Atilano Cruz, coordinador de Desarrollo Científico y Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), pagar una responsabilidad resarcitoria por 41 millones 313 mil 943pesos, “por dañosos contra la nación”, debido a irregularidades detectadas en la triangulación de recursos conocido como la estafa maestra.

Por unanimidad de 11 votos, el pleno de la sala superior del TFJA aprobó el proyecto del magistrado Luz María Anaya Domínguez, quien dijo que el funcionario no aprobó su pretensión de desvirtuar las acusaciones.

Por el contrario, dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estudió de manera global el material probatorio en el que sustentó la existencia de la responsabilidad resarcitoria a cargo del funcionario.

En su ponencia, la magistrada apuntó que la ASF describió y analizó el contenido de las 44 pruebas ofrecidas, así como los hechos que se desprendían de cada una de las mismas. Por ello concluyó que el actor es responsable de causar un daño a la Hacienda Pública Federal por 41 millones, 313 mil 943 pesos derivado de subcontrataciones con empresas.

En su ponencia, la magistrada Anaya Domínguez recordó que derivado de una auditoría practicada, la Dirección General de Auditoria Forense notificó el pliego de observaciones del 2 de octubre de 2015 por un monto de 41 millones 313 mil 943 pesos al rector de la Universidad Autónoma del estado de México, al controlador universitario y al titular del órgano interno de control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Presumiendo un probable daño a la hacienda pública en virtud de que el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de dicha casa de estudios recibió un total de 54 millones 8 mil 710 pesos y realizó un pago por 48 millones 607 mil 839 pesos a un empresa mediante el contrato de prestación de servicios de fecha 15 de noviembre de 2013 para que se efectuaran los servicios administrados de Red Lan, Red inalámbrica y Telefonía IP, sin embargo esta empresa a su vez subcontrató los servicios de cuatro empresas a quienes en total pagó 12 millones 6 94 mil 766 pesos para la ejecución de los servicios pactados, por lo que se determinó un sobrecosto ya que no se justificó la diferencia por 41 millones 313 mil 943 pesos”.

Por ello, dijo que Atilano Cruz fue el causante directo del daño a la hacienda pública federal. “No se le atribuyó las responsabilidad resarcitoria como persona física, ya que en la resolución impugnada se advierte que la autoridad consideró que el demandante es responsable de causar un daño directo a la hacienda pública federal en su carácter de coordinador de proyectos del Fondo y Fomento de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del estado de México, ya que tenía la responsabilidad de efectuar la vigilancia, control y seguimiento en la ejecución de los contratos celebrados por dicho fondo con entidades y dependencias de la administración pública federal, sin embargo, tal y como se advierte de la resolución imputada, la omisión del ejercicio de sus facultades dio lugar a que el Banco Nacional de Obras y Servicios Público (Banobras) realizara un pago superior al costo real de los servicios realizados, sin que en el presente juicio ni el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias el actor hubiera logrado desvirtuado los hechos que le fueron imputados”.