El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deberá entregar versiones públicas de las investigaciones que el gobierno federal realizó sobre las actividades del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su desafuero de 2005 y en el proceso electoral de 2012. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado un recurso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), que afirmaba que divulgar estos informes pondría en riesgo la seguridad nacional.

La solicitud fue originalmente rechazada por el CNI, ante lo cual intervino el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien el 10 de abril de 2019 ordenó entregar los informes en cuestión. Fue entonces que la consejería jurídica pidió a la Corte intervenir, mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2019.

Por unanimidad, el pleno de ministros decidió declarar infundado este recurso, desestimando el argumento de que difundir dichos documentos podría revelar las fuentes, métodos de trabajo y estrategias de los órganos de inteligencia del Estado.

“Lo sustantivo, lo esencial es que no se afecta la seguridad nacional”, señaló el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales.

Se trata de cinco documentos sobre el desafuero que el entonces presidente Vicente Fox promovió contra López Obrador, cuando éste era jefe de Gobierno de la Ciudad de México; más otros 14 archivos relacionados con el proceso electoral presidencial de 2012. Todos estos informes fueron elaborados por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy CNI.

Durante la discusión, la ministra Norma Lucía Piña hizo notar que la solicitud de información original también incluía un requerimiento sobre informes respecto a las elecciones de 2018, que estaban clasificados como reservados; sin embargo, el plazo para mantenerlos así ya se venció, por lo cual no hay argumentos legales para negar el acceso a ellos. Se acordó que esta observación fuera añadida al engrose.