Ciudad de México. Colectivos acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de la llamada guerra sucia exigieron en la Ciudad de México al presidente Andrés Manuel López Obrador que retire su aval para inscribir los nombres “de participantes en graves violaciones a los derechos humanos en cualquier sitio o que sean reconocidos como servidores de la patria”, como se anunció se haría con militares fallecidos durante ese periodo, cuyos nombres se podrían inscribir en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas.

En la capital del país, los inconformes pidieron que el gobierno federal se desista de llamar “a la reconciliación a víctimas y familiares sin antes haber dado pasos firmes en la garantía de juicio a los responsables”, y que se analicen “las cadenas de mando de aquel periodo”.

Impunidad

Las agrupaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de los Derechos Humanos en México, Comité 68 Pro Libertades Democráticas y Comité ¡Eureka!, señalaron que ese anuncio “representa una práctica de continuación de la violencia de Estado” y “perpetúa, cínicamente, la impunidad”.

En Chilpancingo, grupos sociales rechazaron que elementos castrenses trasgresores de las garantías individuales sean considerados patriotas.

Responsabilizaron a Cresencio Sandoval “de cualquier atentado en nuestra contra, ya que en su afán de encubrir a militares criminales en retiro son capaces de cualquier acto”. A su vez, la Organización Campesina de la Sierra del Sur exigió que se busque a “los muertos, desaparecidos y encarcelados por el Estado mexicano” después de 1990.

En Chihuahua, más de 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas y de víctimas de la violencia del pasado aseveraron que los soldados son responsables de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura.

“Todas estas prácticas las cometieron en instalaciones militares; no sólo se sigue negando la verdad sobre lo acontecido, ya que está cerrada la puerta a la justicia, sino que pretenden que se reconozcan estas atrocidades cometidas por las fuerzas armadas”, reclamaron.