El Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, conformado por la Universidad Iberoamericana y el Instituto Para las Mujeres en la Migración (Imumi), entre una docena de organizaciones e institutos, sostuvo que casos como la muerte de los 53 migrantes en San Antonio, Texas, se generan por una “inaceptable consecuencia del racismo que impera en las políticas migratorias de Estados Unidos”.

Además, lamentó el incremento de muertes en la frontera entre México y el país vecino, así como la militarización desplegada para atender la migración en territorio mexicano.

En un pronunciamiento, el Observatorio exigió la derogación de medidas como el Título 42 y el Protocolo de Protección a Migrantes, conocido también como el programa Quédate en México, por “violar sistemáticamente los principios de no devolución”.

Explicaron que “al no existir una vía legal para las personas que buscan protección internacional, éstas terminan siendo presas del crimen organizado, tomando vías de alto riesgo en el desierto o cruzando el muro fronterizo, lo que pone en grave riesgo su vida”.

Insistieron que casos como el de San Antonio son “un llamado de atención para que las autoridades y gobiernos de ambos lados de la frontera realicen acciones inmediatas”, encaminadas al resguardo de quienes requieren protección internacional.

Sobre la estrategia en territorio mexicano, reprochó que la “militarización de la frontera haya implicado también un aumento de actos de hostigamiento, persecución y violaciones de derechos humanos de las personas migrantes en México”.

Por separado, la comunidad de líderes, intérpretes indígenas, colectivos y organizaciones de migrantes de pueblos rurales e indígenas latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, afirmó que el año pasado murieron 650 migrantes intentando cruzar la frontera.

En una carta dirigida a los gobiernos estadunidense, mexicano, guatemalteco y hondureño, señalaron que la muerte de los 53 migrantes, y quienes eran originarios de dichos países, no representan una tragedia más, sino que “cada persona, cada nombre es una vida que nos duele como si fuera un familiar”.

“Detengan esta tragedia, reconozcan y lleven a la memoria los nombres de las personas fallecidas. Pasen las leyes que nos permitan migrar con dignidad y dejen de perseguir a las personas migrantes”, expresaron en la carta firmada por más de 70 líderes de 13 organizaciones.

Subrayaron que convocarán a comunidades y organizaciones aliadas para “alzar la voz” y exigir que nunca más vuelvan a suceder hechos de este tipo.