Con la jerarquía de la Iglesia católica, apostólica y romana se ha topado el Presidente de México. El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, y las respuestas de Palacio Nacional ante los primeros reclamos eclesiásticos han precipitado una confrontación entre los poderes civil y religioso como no se había producido en ningún otro momento desde que a finales de 2006 fue detonada en México la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Todo un manual de activismo preliminar, admonitorio, fue publicado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, para convertir el mes en curso en una “Jornada de Oración por la Paz” que iniciará este domingo con misas dedicadas a hacer “memoria de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que han sido asesinados en el país” (los detalles, en https://bit.ly/3Au2lw8).

La convocatoria a la movilización de la feligresía católica se mantiene en general aún dentro de los templos, sin salir abierta y masivamente a las calles a manifestaciones públicas, aunque desde ahora se propone ir un poco más allá del espacio tradicional de culto, con misas y oraciones comunitarias “en lugares significativos que representen a todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad”.

El motivo de la agitación religiosa ha sido claro en el comunicado de las jerarquías. Se produce “en este momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, nos están (sic) abriendo una puerta para la paz”.

No faltan razones para esa indignación, pero tampoco para preguntarse por qué el aparato rector de la religión mayoritaria del país hasta ahora ha decidido subir el tono de la protesta, cuando durante décadas recientes (para no llevar el análisis hasta siglos pasados, ante otras “barbaries”) se ha mantenido silencioso, inmóvil y, en muchos casos, cómplice de los poderes políticos y económicos que crearon o continuaron las condiciones de esa barbarización nacional y que, en lo específico, esos poderes, por las vías policiacas y militares, ejecutaron matanzas e injusticias enormes en “combates” contra el crimen desbordado.

Por lo pronto, parte de la discusión pública se ha centrado en la propuesta de algunos obispos de incluir a miembros del crimen organizado en alguna suerte de negociaciones. Al respecto, el presidente López Obrador expresó: “lo que ellos plantean (los obispos) de que se debe de tratar aún a estas personas (los criminales) como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud; esto es muy importante, porque es el perdón”. ¿El gobierno dialogaría con esos grupos criminales? “No, eso ya es otro asunto, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación” (https://bit.ly/3afhlDt).

Sin embargo, en varios medios se publicó una interpretación que atribuía a AMLO “pedir” que se incluyera a los narcos en los planes de paz. En las mismas notas reformadas se dejó constancia de que el Presidente decía estar de acuerdo con lo propuesto por dos obispos respecto a sus acciones específicas como iglesia, no que el gobierno estuviera convocando a los criminales a negociar.

El nuevo subsecretario de Gobernación, César Yáñez, encargado, entre otros asuntos, de los religiosos, hubo de salir a precisar: “Pues esos (los de los obispos) son llamados muy respetuosos, pero no creo que los debamos de compartir como gobierno. Pero respetamos la decisión de ellos, porque además, no es la iglesia, son sólo ellos”.

¿Hasta dónde llegará este activismo convocado por la élite de la Iglesia católica, con ánimo de movilizar a sus bases para cambiar la política obradorista de “abrazos, no balazos”, entre otros temas? ¡Hasta mañana!

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