El domicilio de Santiago Ambrosio Hernández, dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, fue blanco de un atentado en momentos en que esa organización sesionaba en el lugar, sin que se reportaran víctimas.

Es el tercer ataque sufrido por Ambrosio Hernández desde la masacre de 2016, cuando efectivos de las extintas Gendarmería y Policía Federal dispararon contra manifestantes del movimiento magisterial y activistas sociales que mantenían un bloqueo en la autopista Oaxaca-México para exigir la derogación de la reforma educativa impuesta por la presidencia de Enrique Peña Nieto y la liberación de dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que fueron aprehendidos y a quienes el gobierno de ese entonces les imputó delitos manifiestamente inventados.

La represión policial, solicitada por el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo y operada desde la Secretaría de Gobernación, que encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong, dejó un saldo de ocho muertos y más de 100 heridos por armas de fuego, sin que hasta la fecha se haya investigado a fondo y sancionado tal barbarie, pese a que existen testimonios fotográficos fehacientes y a pesar de las recomendaciones emitidas en su momento por las comisiones de Derechos Humanos federal y estatal.

En cambio, desde ese día la población de Nochixtlán ha sido víctima de diversas agresiones y acciones de hostigamiento e intimidación. En el caso del dirigente referido, el 5 de marzo de 2017 sufrió un atentado a balazos cuando viajaba a una localidad cercana, y poco más de un año después individuos no identificados asaltaron su casa, lo golpearon y torturaron y le exigieron que abandonara la localidad.

Junto con las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, estado de México, y Tanhuato y Apatzingán, Michoacán; la atrocidad perpetrada en Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la incursión policial que dejó varios muertos en Arantepacua, Michoacán, los crímenes de Nochixtlán son representativos de un patrón de violaciones a los derechos humanos y de la violencia injustificada que tuvo lugar durante el Peñato en contra de presuntos delincuentes, pero también contra movimientos sociales como el magisterial y el normalista.

Hasta ahora, sin embargo, cuando parece inminente el informe oficial definitivo sobre el caso Ayotzinapa, tales crímenes permanecen en la impunidad, y ello no sólo violenta los principios básicos del estado de derecho, sino que alienta la comisión de nuevas y peligrosas agresiones, como la sufrida ayer por los integrantes del Covic.

Resulta imperativo, por ello, que las instancias correspondientes de procuración de justicia tomen cartas en el asunto y emprendan de una vez por todas el esclarecimiento de lo ocurrido en la trágica jornada del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.