En una acción sin precedente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, fue denunciada penalmente por posibles actos de encubrimiento a la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones por el colapso de la línea 12 del Metro.

El ex director del Proyecto Metro Enrique Horcasitas y el ex director de Construcción de Obras Civiles Moisés Guerrero Ponce argumentaron que han transcurrido más de 10 meses de que iniciaron quejas ante la CDH, la cual no ha tenido avances.

“Se ha visto omisa y en consecuencia ha cubierto la deficiente actuación del Ministerio Público, lo cual ha servido más a los intereses de cúpula que a indagar con independencia los hechos ocurridos hace más de un año”, señalaron.

El despacho del abogado penalista Gabriel Regino, que representa a ocho ex funcionarios acusados del colapso, indicó que las quejas están dirigidas hacia las actuaciones ministeriales que se han negado a la práctica de diligencias y a la entrega de expedientes en tiempo y forma.

La comisión “no ha agotado en su totalidad la queja. Ha sido omisa y tapadera de todas las omisiones e irregularidades de los abusos cometidos a raíz de la tragedia. No se han mostrado mínimos avances y el caso sigue archivado”, dijo.

Al respecto, la CDH expresó su preocupación “ante lo que parece una estrategia de defensa penal que busca dirimir el conflicto utilizando a los medios de comunicación como vehículo”.

Reafirmó la atención brindada a imputados y víctimas de la línea 12 del Metro, y señaló que el despacho hace referencia al expediente 21/D516, no al 21/D5163, que “efectivamente corresponde a la queja presentada por el representante legal de los imputados, el cual se atendió de manera diligente”.

Diligencias y entrevistas

En su atención, se realizaron diligencias ante la FGJ y el Tribunal Superior de Justicia, como la recepción de seis aportaciones de los peticionarios, siete entrevistas con la representación legal de las mismas y nueve solicitudes de colaboración e información dirigidas a la autoridad.

Mencionó que luego de estas diligencias, se constató que la reserva de los datos de prueba de la carpeta de investigación “se debió a que en el momento que lo solicitaron, las personas no tenían calidad de imputadas, y cuando el Ministerio Público les dio esa calidad fueron citadas para las audiencias y tuvieron acceso a la carpeta judicial correspondiente”.