A manera de continuación, respecto de lo que está sucediendo en Tamaulipas, me permito compartir una vez más en este espacio, debido a lo delicado de la situación, las incesantes arbitrariedades que están teniendo lugar en la entidad y sus instituciones, por parte del todavía gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , en detrimento claramente de la voluntad de las y los tamaulipecos.

El hecho de que los resultados de la jornada electoral del 5 de junio, dieran la victoria a Américo Villarreal, de Morena, como el próximo gobernador de la entidad, por encima del Truko (el candidato impuesto a modo por García Cabeza de Vaca, cuyo apodo per se es para encender las alertas), ha puesto a temblar al gobernador, de quien se sabe está detrás de las modificaciones legales arbitrarias que están teniendo lugar en el Congreso del estado sin que parezca que nadie lo puede detener (por ahora).

Las reformas están conduciendo a una concentración de poder de las instituciones, particularmente del propio Congreso local, y de la Fiscalía General de Justicia del estado, de la que daremos cuenta en esta ocasión, con lo que García Cabeza de Vaca pretende controlar de facto, una vez que deje la gubernatura, la actuación de dichas instituciones, y evitar a toda costa una eventual investigación en su contra (recordemos que está señalado por sus vínculos con la delincuencia organizada; desvío de recursos públicos y lavado de dinero), y en contra de sus secuaces, así como continuar lucrando con los bienes públicos de Tamaulipas.

En un artículo anterior hacía referencia a la aprobación de fecha 14 de junio, de una reforma fast track respecto de la designación arbitraria del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, sin que la iniciativa de ley misma fuera compartida a los demás grupos parlamentarios y, por tanto, sin que hubiera existido deliberación alguna.

Esta misma reforma pretende mantener al actual presidente de la Junta en su posición de poder (de quien se sabe es cercano a García Cabeza de Vaca), violentando de esta manera la legalidad del procedimiento legislativo, y evitando los relevos institucionales que naturalmente suceden con la entrada de una nueva administración. Todo apesta a arbitrariedad y es abiertamente inconstitucional.

Ahora, apenas la semana pasada, diputados locales del PAN y sus aliados, con el rechazo de Morena, aprobaron reformas para crear una “mega” fiscalía.

Una vez más, las modificaciones fueron aprobadas por la vía rápida en comisiones, el miércoles 28 de junio, y llevadas al pleno al día siguiente.

El aval se dio en el último día de sesiones del Congreso, o sea el 30 de junio.

El dictamen contempla que la Fiscalía General del Justicia del estado de Tamaulipas, asuma el control de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (Caiet), así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Además, estaría al mando del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), creado en la actual administración.

Lo anterior es muestra de la concentración de funciones de distintas dependencias que, por su naturaleza, no corresponderían al ámbito de la procuración de justicia, sino que su operación atañe más a la esfera de la seguridad pública, como es el caso del Secretariado Ejecutivo local o el muy dudoso comando policial Gopes, tal y como estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad; el Caiet por ejemplo, estaba a cargo al Poder Ejecutivo estatal, organismo que es un símil del Centro Nacional de Inteligencia.

En cuanto a la UIPE, dado que su principal función es obtener de primera mano, información patrimonial, económica y fiscal existente en diversas instancias locales y presentar productos de inteligencia, como pueden ser denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la propia Fiscalía del estado, este cambio supondría un riesgo para la independencia, imparcialidad y objetividad de la unidad, por lo que para cuidar estos aspectos, su función sería más a fin a la Secretaría de Finanzas de la entidad, justo como se encontraba adscrita.

Aunado a lo anterior, la reforma prevé que la “mega” fiscalía tenga bajo su control el manejo de las más de 5 mil cámaras de video instaladas en todo el estado, así como el presupuesto en materia de infraestructura de seguridad.

También controlaría la recién creada Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5)… como se puede observar, al igual que en el caso de las instituciones mencionadas arriba, hay una intención perversa de concentración de poder, escudada en la autonomía (mal entendida) de la Fiscalía del Estado, así como una sustitución de funciones (inconstitucional), que no le competen, pues su misión no es velar por la seguridad pública, sino encargarse de la persecución e investigación de los delitos.

Pero de facto, la consecuencia de todas estas reformas es restar poder al gobernador electo, Américo Villarreal, y evitar, insisto, eventuales investigaciones en contra de García Cabeza Vaca y sus cómplices, así como seguir lucrando de manera impune con los bienes públicos de la entidad. Los casos deben ser llevados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.