Ciudad de México. Colectivos acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de la llamada guerra sucia demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el retiro de su aval para inscribir el nombre “de participantes en graves violaciones a los derechos humanos en cualquier sitio o que sean reconocidos como servidores de la Patria”, como el de los militares fallecidos durante ese periodo, que podría inscribirse en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, pidieron que el gobierno federal se desista “de hacer llamados a la reconciliación a víctimas y familiares sin antes haber dado pasos firmes en la garantía de juicio a los responsables”, y que se haga “el inmediato análisis de las cadenas de mando de aquel periodo y la ubicación en éstas de personas vivas, retiradas y en activo”.

El 22 de junio pasado, en el acto oficial de apertura de archivos e instalaciones militares a la Comisión de la Verdad, en el Campo Militar número uno, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, anunció que el presidente López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, “como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”.

Los colectivos, poco más de una veintena, entre ellos el Equipo de seguimiento a la Comisión de la Verdad de Guerrero, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de los Derechos Humanos en México, Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Estado Mexicano, Comité 68 ProLibertades Democráticas y Comité Eureka, calificaron ese evento como “una revictimización”, al convocar a los sobrevivientes y familiares de personas de víctimas sin que haya estado acompañado paralelamente “de auténticos procesos de justicia”.

Es símbolo también “del desprecio a la dignidad de las familias de personas desaparecidas y sobrevivientes al no informar con antelación que estaríamos junto a perpetradores y familiares de militares que participaron en operaciones de terrorismo de Estado”, manifestaron.

Además, continuaron, decir en ese espacio y en ese momento que nombres de militares serán inscritos en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas "representa una práctica de continuación de la violencia de Estado y al mismo tiempo perpetúa, cínicamente, la impunidad”.

En un pronunciamiento, emitido dos semanas después del acto, indicaron que lo sucedido en el Campo Militar número uno “constituye un agravio sin precedentes y una falta de entendimiento de lo que implica una comisión de la verdad”. Reiteraron que su demanda de justicia continuará vigente “hasta que la política de Estado incluya procesos pedagógicos y formativos en materia de derechos humanos, cultura para la paz, historia contemporánea de México, elementos necesarios para generar un consenso y un piso común para una política de justicia verdad y memoria.

“La verdad la han sostenido y documentado las y los sobrevivientes y familiares de personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, así como las organizaciones y la academia. Cualquier avance en ese sentido constituye un robustecimiento de dicha verdad. No puede haber un país en paz sin una política pertinente en materia de justicia, verdad y memoria”, destacaron.

Expusieron que para las familias de personas desaparecidas y sobrevivientes, éste fue “símbolo de la falta de voluntad de las fuerzas armadas del país para reconocer su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y la tortura”, que se cometieron en instalaciones militares.

“No sólo sigue negada la verdad sobre lo acontecido y cerrada la puerta a la justicia, sino que pretenden que se ‘reconozcan’ estas atrocidades cometidas por las fuerzas armadas como deber cumplido, como muestras de ‘lealtad, honor y vocación de servicio’”, agregaron.

Demandaron nuevamente la incorporación de la Fiscalía General de la República al programa de inspección de evidencias, edificios e instalaciones militares y otros sitios que sirvieron como cárceles clandestinas, así como su presencia en la toma de testimonios de perpetradores de acciones de terrorismo de Estado y sobrevivientes.

Igualmente, pidieron “la coadyuvancia plena, a través de un mecanismo bien establecido, de los colectivos y familiares en los trabajos de la Comisión de la Verdad, y solicitaron una aclaración por parte de los equipos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en referencia al protocolo implementado el día 22 de junio y las razones por las cuales se omitió información clave durante las reuniones de invitación y preparación.