Ciudad de México. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro de mensajes en redes sociales vinculados a la asamblea del pasado 26 de junio en Coahuila, convocada por Morena, a la cual asistieron legisladores y funcionarios públicos, incluidos tres considerados como aspirantes presidenciales.

Aprobó, además, la “tutela preventiva” frente al riesgo de repetición de este tipo de actos, a los cuales calificaron como posiblemente ilícitos y parte de una estrategia proselitista adelantada.

El INE puntualizó que en consecuencia se ordenó a Morena y a su dirigente, Mario Delgado, abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los que se llevaron a cabo el 12 y 26 de junio de 2022 en el Estado de México y Coahuila.

respectivamente, hasta que den inicio formal los Procesos Electorales Locales 2022-2023 y Federal 2023-2024.

De igual forma, la Comisión ordenó a 30 personas del servicio público, incluido el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abstenerse de participar en actos o eventos iguales o similares.

En sesión extraordinaria de la Comisión, los consejeros dijeron que el acto tuvo las características de un acto anticipado de campaña, lo cual se suma al realizado por este mismo partido el 12 de junio en el Estado de México, donde también habrá elección a la gubernatura en 2023.

En el pasado análisis, ante una queja por la referida asamblea de Toluca, la Comisión decidió no imponer medidas cautelares por ser entonces un hecho aislado, aunque se alertó sobre sanciones frente a hechos futuros similares.

Los consejeros (Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama) rechazaron el proyecto original, elaborado por la Unidad de lo Contencioso del INE, el cual establecía, por una parte, la improcedencia de la medida cautelar.

Esa medida consiste en el retiro de las publicaciones alojadas en redes sociales e internet porque, según esa propuesta inicial, no se actualizaban los elementos de urgencia e imperiosa necesidad aunado a que se trata de un acto que requiere de la voluntad para su búsqueda, localización y consulta.

Además, indicó la Unidad, las notas periodísticas dan cuenta del evento y están amparadas en el derecho de libertad de expresión y de información.

Sin embargo, la Unidad sí proponía la procedencia de la medida cautelar solicitada bajo la figura de tutela preventiva, “porque desde una perspectiva preliminar se considera que el evento es probablemente ilícito, y ante el riesgo y temor fundado que pueda realizarse otro con similares e iguales características es que se justifica su dictado, porque se aprecia una posible estrategia encaminada a posicionar a Morena y a las personas que buscan una candidatura de dicho instituto político fuera de los plazos legales para ello, en detrimento de la equidad en la contienda de las próximas elecciones locales, en Coahuila y el Estado de México, y de la elección federal para nombrar al Presidente de la República, en razón de lo cual se propone la tutela preventiva”.

En el resumen del proyecto se lee: el PRD denunció la realización de actos anticipados de campaña y la violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda derivado de actos que denomina proselitistas en favor de Morena, así como de diversas personas funcionarias públicas, con motivo de la organización y participación en este de un evento celebrado el 26 de junio de este año en Coahuila, del cual dieron cuenta en redes sociales las personas denunciadas, hecho que desde la perspectiva del quejoso tiene un posible impacto en el proceso electoral 2022-2023 en Coahuila y en el proceso electoral federal 2023-2024.

La presidenta de la Comisión, Adriana Favela, dijo que si bien en el caso Toluca los consejeros llegaron a la conclusión que no tenían elementos para conceder las medidas cautelares (porque eran actos consumados y también porque no tenían la certeza de que otros actos similares se realizaran en otra entidad federativa) ahora ya tenemos esos elementos, de lugar y modo.

También tenemos la asistencia de servidores públicos en ambos sitios, donde el año próximo habrá elección a gobernador “asunto que sí se hace referencia por parte de Morena”, de sacar al PRI “e incluso a los Moreira”.

Por ello, agregó, tenemos elementos para vislumbrar que se trata de una estrategia de Morena para ir posicionando a ciertas personas y está también buscando algún tipo de apoyo a la ciudadanía para las elecciones referidas.

“En el evento han estado personas que han sido señaladas como posibles personas que pudieran ser consideradas como candidatas a la Presidencia de la República por el partido político Morena en el 2024. Eso también llama mucha la atención”, señaló.

El consejero Murayama dijo que la reunión en la que participaron, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene características más que de una reunión ordinaria del partido, “fue un acto hacia afuera con todas las características de proselitismo electoral para tratar de convencer a la ciudadanía de adherirse electoralmente a un proyecto político, y de hecho se hicieron expresiones de desplazar al partido político que ha gobernado Coahuila en los últimos años”.

De ahí que se manifestó a favor de la tutela preventiva, “porque ya lo que empezamos a ver de manera sistemática es que las personas que, incluso desde la Presidencia de la República se han mencionado como posibles candidatas de Morena a la Presidencia de la República, empiezan a acudir a actos de proselitismo partidista desde 2022, un año antes de que inicie el proceso federal 2023-2024”.

Así que “ya estamos ante una posible estrategia, una campaña de actos que puede estar recorriendo todo el país para empezar a dar visibilidad tanto al partido como a las personas que puedan eventualmente ostentar” las candidaturas, lo cual “afectaría las condiciones de la competencia”.

Hizo un llamado “a que no se sigan haciendo estos actos anticipados de precampaña o de campaña ni a difundirlos”.

Las 30 personas del servicio público señaladas por el INE, para abstenerse de participar en asambleas como la de Toluca y Coahuila son las siguientes, en ese orden.

1. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México;

2. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación;

3. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República;

4. Moisés Ignacio Mier Velazco, Coordinador de las y los diputados federales de Morena;

5. Aleida Alavez Ruiz, Diputada Federal;

6. Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero;

7. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores;

8. Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación;

9. Citlalli Hernández Mora, Secretaría General de Morena y Senadora con licencia;

10. Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur;

11. Salomón Jara Cruz, Gobernador electo de Oaxaca;

12. Mara Lezama Espinosa, Gobernadora electa en Quintana Roo;

13. Américo Villarreal Anaya, Gobernador electo de Tamaulipas;

14. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California;

15. Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos;

16. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala;

17. Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche;

18. Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán;

19. José Narro Céspedes, Senador de la República;

20. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

21. Horacio Duarte Olivares, Titular de la Agencia Nacional de Aduanas;

22. Higinio Martínez Miranda, Senador de la República;

23. María Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social;

24. Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República;

25. Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador de Tabasco;

26. Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa;

27. Andrea Chávez Treviño, Diputada federal;

28. Lucía Virginia Meza Guzmán, Senadora de la República;

29. Mario Rafael Llergo, Diputado Federal; y

30. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República.