Inevitable repetirlo: el 20 junio fueron asesinados el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez y los jesuitas Javier Campos Morales, Padre Gallo, y César Joaquín Mora Salazar, en la misión San Francisco Javier, de Cerocahui, Urique, en la sierra Tarahumara. Horas antes otras dos personas fueron desaparecidas. Por fortuna dos días después la fiscalía de Chihuahua localizó los tres cuerpos que fueron sustraídos por el presunto responsable, José Noriel Portillo Gil, El Chueco, brazo de uno de los cárteles.
La noticia pronto traspasó nuestras fronteras, en primera instancia por las comunidades jesuitas, incluido el papa Francisco. Su mensaje fue inequívoco: “¡Cuántos asesinatos en México! Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios”. Sin embargo, pronto encontramos: “lo que quiso decir”: y desde la voz presidencial se colocó una lectura aceptable y encomiable sobre lo expresado por el pontífice.
Cabe reconocer y ponderar la reacción inmediata de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús: comunicó la decisión de continuar con su labor de acompañamiento, de varias décadas, en una región y con unos pueblos que resultan particularmente lejanos para el conjunto de nuestra nación. En especial los rarámuris. No dejaron fuera la demanda de que se revise la estrategia de Estado frente al accionar del crimen organizado y con ello reafirmaron la postura de que no se trata sólo de estos asesinatos, sino que persiste en esa región la impunidad de muchos otros, el despojo, el desplazamiento forzoso de comunidades enteras, frente a los cuales ni los gobiernos estatales, ni los federales, sucesivamente, han actuado para garantizar el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos de todos, indígenas y no.
También el sistema de universidades jesuitas respaldó la necesidad de una suerte de cruzada por la justicia y consideró que ello sería la mejor forma de honrar la memoria de lo que llamaron el martirio de sus hermanos jesuitas. Una postura así concitó el apoyo unánime de los otros espacios de la jerarquía católica y de amplios sectores sociales que llevan décadas de trabajo en todo el país por ese importante objetivo. La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos planteó que la crisis nacional actual amerita la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), obra jesuita, acompaña la dimensión jurídica asociada a los crímenes referidos y de tiempo atrás ha señalado los rasgos de la crisis y violencia asociada. Por su parte, la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, al ofrecer un recuento de la situación que se vive en muchas comunidades, señaló que el crimen organizado es sólo una de las aristas de la violencia en la Tarahumara, cuestión por cierto coincidente con lo que se ha denunciado desde el trabajo jesuita, en especial a través de Javier Ávila, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, con décadas en la Tarahumara, de amplia trayectoria y compromiso social, quien en su intervención en la ciudad de Chihuahua, en la misa de cuerpo presente de los jesuitas asesinados, expresó que “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. Por ello se convirtió en el centro de los abiertos e injustos ataques del Presidente de la República hacia él, sin nombrarlo, y a los sacerdotes en general que consideró “no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”. Ratificó que no cambiará su estrategia de seguridad para volver al pasado, porque fue una política fallida e inhumana. Ello a pesar de que entre otros el Centro Pro aclaró que no se trata de repetir esas propuestas. Este clima de tensión aparece como un adelanto de que no se sumará a la propuesta de paz y de justicia que se está o estaba preparando desde el espacio jesuita y sus aliados.
En ese contexto se da la confrontación entre el gobierno del estado y el federal y además el ajuste de cuentas entre los dos últimos gobernadores chihuahuenses: César Duarte acusó a Javier Corral de destruir toda su obra y avances en justicia y de favorecer al crimen organizado; éste le respondió en el tono que ha caracterizado la acusación de corrupción que hoy tiene en la cárcel al primero y al hacerlo señaló que él pidió apoyo a López Obrador para capturar, sin lograrlo, a El Chueco. Al paso de los días, queda un tanto distante desde fuera y desde arriba el significado del duelo que, en especial en la sierra, se vivió y se vive, ahí abajo, con los rarámuris como víctimas estructurales.
