Columbus. Las directrices federales que dan prioridad a la deportación de las personas que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos y que representan el mayor riesgo para la seguridad pública pueden ser aplicadas, falló este martes un tribunal federal de apelaciones.

La decisión gira en torno a una directriz emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) que ponía en pausa la deportación a menos que las personas hubieran cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces para la seguridad pública”.

La directriz del gobierno del presidente Joe Biden actualizó la política implementada por el gobierno de su predecesor, Donald Trump, que expulsaba a las personas que estaban en el país de forma ilegal sin tener en cuenta los antecedentes penales o los vínculos con la comunidad.

Un juez federal suspendió la política de Biden después de que Arizona, Ohio y Montana entablaran una demanda para detenerla, con el argumento de que provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden. Después de que el gobierno apelara, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito anuló la orden preliminar del juez.

El tribunal de apelaciones dijo que los estados no podían probar los perjuicios que alegaban y que la guía sólo instruye a los agentes federales sobre cómo aplicar una ley sobre la que el gobierno nacional tiene una autoridad considerable.

Las directrices del DHS “no imponen ningún costo directo a los estados ni amenazan con la pérdida de ninguna financiación federal”, escribió el juez presidente de circuito Jeff Sutton.

Emilee Cantrell, secretaria de prensa del fiscal general de Montana, Austin Knudsen, señaló en un comunicado que la “decisión del tribunal lamentablemente permite al presidente Biden continuar con sus peligrosas políticas de inmigración.”

“La crisis fronteriza tiene impactos devastadores en Montana y en los estados de toda la nación”, comentó Cantrell. “El fiscal general Knudsen continuará utilizando todas las herramientas disponibles para hacer que el gobierno de Biden haga su trabajo y proteja la frontera”.

Brittni Thomason, portavoz de la fiscalía general de Arizona, dijo en un comunicado que la agencia está decepcionada con la decisión. “Esta política es otro ejemplo vergonzoso de las acciones que el gobierno de Biden está tomando para fomentar el cruce ilegal de la frontera”, señaló Thomason.

Se envió un mensaje a la fiscalía general de Ohio en busca de comentarios.