Chilpancingo, Gro. Por separado, organizaciones sociales, no gubernamentales, y de familiares de desaparecidos durante la guerra sucia en Guerrero, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el retiro de su aval para inscribir el nombre de los elementos de las fuerzas armadas participantes en graves violaciones a los derechos humanos en cualquier sitio o que sean reconocidos como servidores de la Patria.

De inicio, esta mañana, en conferencia de prensa en Chilpancingo, la Unión de colectivos de víctimas de exterminio de estado del periodo identificado como “guerra sucia”, integrada con colectivos de Guerrero y Jalisco, declararon que “nos pronunciamos con profunda indignación por los acontecimientos sucedidos en el Campo Militar número 1, en un encuentro de trabajo de la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990”.

Durante ese periodo, Octaviano Gervasio, en representación de 62 desaparecidos en el municipio de Atoyac, dijo que “hay un registro oficial de 542 personas desaparecidas, pero a decir de las familias, el número rebasa la alarmante cifra de mil 200 desaparecidos atribuidos al Ejército Mexicano”.

Denunció que la Comisión “creada el pasado 7 de Octubre de 2021, solo simula, y muestra la indiferencia del Estado mexicano por llevar a la justicia a los responsables de las desapariciones forzadas de nuestros familiares, y ahora cínicamente, proponen, con el aval del presidente (Andrés Manuel López Obrador), enaltecer a los perpetradores como héroes nacionales”.

Exigieron “al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de la aberrante propuesta de enaltecer y dar reconocimientos a los militares criminales perpetradores de los actos más crueles e inhumanos cometidos en contra de nuestros familiares, y que el presidente López Obrador retire su aval a la SEDENA dela propuesta que ofende y lastima a nuestras familias”.

Demandamos que “mientras no se cree la Fiscalía Especial para investigar los casos de desapariciones forzadas, que sean los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes les tomen la declaración a los militares probables responsables y/o testigos castrenses de los hechos.

“Conforme a la Constitución Política, los Tratados Internacionales aplicables y la Ley General de Víctimas, hemos decidido conformar nuestro Grupo de Expertos Independientes (GEI, para coadyuvar con el ministerio público y la Comisión en el esclarecimiento de los hechos”.

Hacemos responsable al titular de la Sedena Luis Crescencio Sandoval González, “de cualquier atentado en nuestra contra, ya que en su afán de encubrir a militares criminales en retiro son capaces de cualquier acto en nuestra contra”.

En tanto, en un comunicado de prensa, unos 20 colectivos de diversas entidades encabezados por el equipo de seguimiento a la Comverdad de Guerrero, y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), entre otros, fijaron también su posición respecto a los sucesos del pasado 22 de junio en el Campo Militar No. 1.

Criticaron que el evento “ha sido catalogado como ‘simbólico’ y trascendente para la vida política del país por casi todos los funcionarios públicos que participaron en él, pero ¿qué simboliza?”.

Y manifestaron que “el evento es símbolo de la falta de voluntad de las fuerzas armadas del país para reconocer su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y la tortura. Todas estas prácticas se cometieron en instalaciones militares”.

No sólo sigue negada la verdad sobre lo acontecido y cerrada la puerta a la justicia, añadieron, “sino que pretenden que se ‘reconozcan’ estas atrocidades cometidas por las fuerzas armadas como deber cumplido, como muestras de lealtad, honor y vocación de servicio”.

Los discursos de los representantes de las instituciones del Estado mexicano “pretenden falsear la verdad histórica, diciendo que los objetivos de la política del terrorismo de Estado buscaba garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de derecho, cuando en realidad lo que buscaban era neutralizar y exterminar a quienes decidieron emprender el camino de la insurrección, armada o pacífica”.

El evento del 22 de junio “es símbolo también del desprecio a la dignidad de las familias de personas desaparecidas y sobrevivientes al no informar con antelación que estaríamos junto a perpetradores y familiares de militares que participaron en operaciones de terrorismo de Estado”.

Decir en ese momento “que sus nombres serán inscritos en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas y que, además, cuenta con la anuencia del presidente López Obrador representa una práctica de continuación de la violencia de Estado y al mismo tiempo perpetúa, cínicamente, la impunidad”.

En ese sentido demandaron “la incorporación de la FGR al programa de inspección de evidencias, edificios e instalaciones militares y otros sitios que sirvieron como cárceles clandestinas; la coadyuvancia plena, de los colectivos y familiares en los trabajos de la Comisión de la Verdad”.

Finalmente, desde Coyuca de Benítez, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), también mediante un boletín, demandaron que de igual manera se investigue a “los muertos, desaparecidos y encarcelados por el Estado mexicano que desaparecieron después del año 1990, entre ellos Gilberto Romero Vázquez, en Atoyac de Álvarez; Benito Bahena Maldonado Vecino, de Tepetixtla, Coyuca de Benítez, Guerrero detenido en el año de 1997, junto a Marcos Ayala, de Atoyaquillo, Coyuca de Benítez, torturados por inteligencia militar y el Cisen en instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México”.

Mencionan, asimismo, “la desaparición de Mauro Bahena Maldonado en 1998; las muertes de Eugenio Aguirre Bahena, e Ismael Mena, asesinados después de salir de una reunión en las oficinas de nuestra organización en el poblado de Tepetixtla, y el asesinato en el mismo pueblo, de Eusebio Vázquez, dirigente de la OCSS; la muerte de Simón López en el año 2002”.

Y quien responde “por la muerte de Isidoro Bahena Maldonado a manos del ejército en Las Polvaredas, Coyuca de Benítez; y de Antonio Bahena Maldonado en Petatlán por narcopistoleros protegidos por el Batallón de Petatlán, que también deben ser investigados por la muerte de la licenciada Digna Ochoa y Plácido”.

Y las desapariciones “de los ecologistas de Petatlán, Eva Alarcón y su esposo Pedro Rojas, bajados de un autobús en el lugar conocido como Rodesia, en Tecpan de Galeana; la de Gabriel Bahena Armenta en el 2004, en el municipio de Zihuatanejo.

“Estamos en desacuerdo que se considere como héroes a los ejecutores de la llamada guerra sucia; los victimarios estaban del lado del estado y no son héroes”, concluye la OCSS.