La decisión tomada hace unos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que las bibliotecas que reciben el llamado deposito legal por parte de las editoriales no podrán ofrecer las obras y producciones para consulta pública, sin previa autorización de los titulares de derechos de autor, generó controversia entre autores, bibliotecarios y lectores “porque atenta contra el derecho de acceso al conocimiento y la cultura”.

Tras el fallo de la SCJN, organizaciones como Creative Commons México, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Wikimedia México, comun.al, Laboratorio de Resiliencia Digital, así como los bibliotecarios Alejandra Quiroz Hernández y Marcial Alejandro García Pérez, entre otros, expresaron a través de un comunicado que el Congreso debe legislar para que las bibliotecas no requieran autorización de los titulares de derechos de autor para ofrecer obras en consulta pública.

Los firmantes señalan que “a pesar de que la Segunda Sala de la SCJN determinó la constitucionalidad del depósito legal, lamentablemente no ponderó el derecho de acceso a la cultura y validó que los titulares de derechos de autor deben autorizar previamente la consulta pública de las obras en resguardo, lo que amenaza sustancialmente la labor de las bibliotecas y el derecho de acceso al conocimiento de la población, y puede fomentar el incremento del hostigamiento legal de los grandes titulares de derechos de autor en contra de las bibliotecas”.

Concede privilegios

Los firmantes explican que la SCJN interpretó que editores y productores pueden establecer medidas tecnológicas de protección (candados digitales) en las obras entregadas a las bibliotecas depositarias, con lo que se obstaculiza gravemente la labor de éstas para preservar y poner a disposición el acervo.

“Esta situación se agrava por que las reformas de 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor hacen ilegal la elusión de medidas tecnológicas de protección, aun cuando se trate de actividades legales o de interés público, como las tareas de preservación que hacen las bibliotecas.”

Lamentaron que la SCJN no haya garantizado el derecho de acceso a la cultura con su decisión, dejando inoperante de facto la LGB y la figura del depósito legal al no contemplar que la divulgación de las obras por las bibliotecas obedece al interés público y no debe depender de la autorización de los titulares de derechos, como ocurre en Estados Unidos, Australia, Canadá y Polonia.

En el comunicado, los firmantes hicieron un llamado al Congreso “para que legisle, como en muchos países, para que las bibliotecas cuenten con excepciones que les permitan hacer su labor de interés público sin requerir autorización de los titulares. Estas reformas deben ensanchar las excepciones y limitaciones al derecho de autor y a la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas de protección”.

Anteponen intereses mercatiles

Enfatizaron que la labor de las bibliotecas “no puede quedar supeditada a los intereses de la industria ni de los grandes titulares de derechos de autor. La protección legal de las bibliotecas es fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la cultura de todas y todos los mexicanos.”

Por otra parte, en su cuenta de Twitter, el escritor Luigi Amara comentó que “el ataque que viven hoy las bibliotecas públicas en México, en una supuesta defensa del derecho de autor (que sólo demuestra el afán de lucro obsceno de la industria editorial), es aberrante y atenta contra el derecho fundamental a la cultura.

“La urgencia de poner candados al depósito legal no proviene de los autores, sino de la industria. No es una defensa del derecho de autor, sino del copyright; es decir, del afán de lucro. Muchos editores no se dan cuenta de que hoy la circulación digital ¡es clave para vender!”, expresó.

En las redes sociales, usuarios coincidieron en señalar que las excepciones al derecho de autor para las bibliotecas públicas no afectan las ventas de la industria editorial, pero excluirlas sí impide que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento.

Los internautas criticaron que las leyes las hacen “la gente que no lee. ¿Quieren que leer se convierta en delito?”