El día de hoy, más de 100 organizaciones sociales y civiles (OSC) –sindicales, ambientalistas, de derechos humanos y otras– de México y Europa publican una carta llamando a congresistas y parlamentarios de ambas partes a no ratificar el eufemísticamente llamado Acuerdo Global “modernizado”, el cual incluye el Tratado de Libre Comercio (TLCUEM).
Este trabajo de incidencia se remonta a 1998 cuando organizaciones mexicanas comenzamos a articularnos bajo el manto “Ciudadan@s de México ante los Acuerdos de Libre Comercio con la Unión Europea” y elaboramos un primer informe con propuestas que fueron enriqueciéndose mediante el enlazamiento con organizaciones europeas fraternas. Nos opusimos en el año 2000 a la firma y ratificación del Acuerdo Global, entre otras cosas, a sabiendas de que su cláusula democrática y de derechos humanos era meramente un añadido protocolario, es decir que no tenía “dientes”, como se ha demostrado durante 22 años de impunidad corporativa. En 2000 el Acuerdo Global fue firmado y ratificado en México por un Senado dominado por el PRI y el PAN, pero los 13 senadores del PRD de entonces votaron en contra.
En el nuevo acuerdo con la UE legisladores de Morena y el gobierno deben de prestar atención y consultar a sectores sociales. No se debe repetir lo que sucedió con el T-MEC, para el cual la única consulta pública fue acerca de si se debería llamar así o TEUMECA (https://bit.ly/3OASBnM). Como sucedía con gobiernos anteriores no se llevaron a cabo verdaderas consultas con la sociedad ni con el grueso de sectores productivos. Menos consulta ha habido con respecto al TLCUEM. Para su “modernización” se firmó un “acuerdo en principio” en 2018 (https://bit.ly/3nzaSGe) a partir del cual se tiene información de contenidos, pero subsecuentes negociaciones llevaron a un acuerdo final en abril de 2020 (https://bit.ly/3a2zT9E) cuyos textos no son públicos, y quizás ni están en español aún.
Las organizaciones mexicanas y europeas advierten en el llamado de hoy que el TLCUEM “lleva vigente veinte años y lejos de cumplir las promesas no ha hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales, ante todo para México” y que el acuerdo “modernizado” no hará sino profundizar estos problemas por lo siguiente (sintetizo, ver carta completa en página de http://s2bnetwork.org/stop-eu-mexico-es/):
* Protege tan sólo a inversionistas extranjeros en detrimento de políticas urgentes a favor del medio ambiente y de sectores desfavorecidos. Tendrá un nuevo capítulo de inversiones que pretende instaurar el arbitraje supranacional como mecanismo de resolución de disputas entre inversionistas y Estados (ver estudio https://bit.ly/3yAKn9O).
*Permite que empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México, como el derecho al agua, y se advierte de su participación en megaproyectos como parques eólicos, el Corredor Interoceánico en el istmo de Tehuantepec o el Tren Maya.
*No permite avanzar en los derechos de las mujeres ni en la equidad de género, reforzando patrones patriarcales arraigados en las sociedades mexicanas y europeas.
*Atenta contra la agricultura campesina y la soberanía alimentaria; beneficia sólo al sistema agroindustrial en detrimento al derecho a la alimentación y la salud promoviendo la crisis climática. Además, la UE presiona a México a firmar la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el cual “legitima la privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina independiente, es decir, contra el pilar de la soberanía alimentaria”.
*Impide el avance de un sistema energético sostenible, descentralizado y democrático, dado que “la incorporación en el TLCUEM de un capítulo sobre energía busca blindar la privatización del sector, que se consolidó con la reforma constitucional energética de 2013”.
*Pone en peligro a los servicios públicos. “El TLCUEM ‘modernizado’ abre por primera vez la contratación pública a empresas europeas en México. Esto significa que se pondrá por delante los intereses privados sobre los públicos, “a partir del supuesto de que lo que conviene a los inversionistas, conviene a las sociedades”.
Basta de negociaciones a espaldas de los pueblos e incluso del grueso de la organizaciones empresariales. Así lo consideró hace 10 años Adán Rivera (QEPD) quien fuera líder de la Asociación Nacional de Industrias de la Transformación: “…durante el curso de las negociaciones del acuerdo comercial (TLCUEM) no se ha tomado en consideración la gran asimetría que existe entre las grandes empresas europeas y las micro y pequeñas empresas mexicanas, ni se ha fomentado la interrelación con sus contrapartes de pymes europeas” (https://bit.ly/3nzedFa).
Concluye la carta con la preocupación de que “se aproveche el contexto de la guerra en Europa como excusa para acelerar la ratificación del acuerdo con las graves implicaciones que esto tendría sobre la población mexicana y europea”. Es incomprensible la prisa que muestran la 4T y Morena en abrir más al país a corporaciones europeas. Basta ver las recientes declaraciones de la presidenta de la mesa directiva del Senado Olga Sánchez Cordero: “En este momento de gran incertidumbre geopolítica, que afecta particularmente al buen desarrollo de nuestras relaciones comerciales, México y la Unión Europea no pueden permitirse retrasar más la firma y puesta en práctica del acuerdo” (https://bit.ly/3y7sQob).
Ojalá funcionarios y legisladores lean con cuidado la carta de las OSC y realicen un escrutinio exhaustivo del acuerdo final con la UE. Firmar tratados que otorgan más derechos a grandes corporaciones es un contrasentido con la lucha de AMLO contra la injerencia y corrupción de empresas europeas en México.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
