Monterrey, NL. Los transportistas del servicio público de la zona metropolitana se alinearon y acataron la tarifa vigente de 12 pesos, luego de la requisa a la ruta 400 por aumentar el pasaje sin autorización del gobierno de Nuevo León; no obstante, hicieron un llamado a negociar un aumento “de emergencia” a 15 pesos a cambio de reactivar 400 unidades.

Sin embargo, el secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, puntualizó que esto no será posible. Advirtió que el subsidio de dos pesos por kilómetro recorrido anunciado hace tres semanas servirá para amortiguar el alza de los costos antes de llegar al nuevo esquema de pago por kilómetro.

En rueda de prensa, señaló que aunque se haya avalado en la Comisión de Costos del Instituto de Movilidad una tarifa emergente no prosperará porque, dijo, no es necesario aumento alguno; “para eso era el subsidio”.

Expuso que pese a que estaba consensuado con los transportistas el apoyo de dos pesos, a última hora les avisaron que había empresas que no estaban convencidas.

Sostuvo que es mentira que con el incremento “emergente” los empresarios vayan a sacar 400 unidades de los talleres para dar servicio; afirmó que esos vehículos fueron desviados al transporte de personal (para particulares, grupos y empresas), lo cual será sancionado.

José Manuel Valdez, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (Imya), aseguró que hasta el viernes pasado tres empresas que manejan varias rutas de transporte se habían beneficiado de 5 millones de pesos de subsidio.

Después de la requisa a la ruta 400, el pasado viernes, por aplicar el tarifazo, el organismo planteó que si los transportistas de ese derrotero se comprometen a no volver a subir el pasaje sin aval le regresarían de inmediato las instalaciones y las unidades.

Valdez explicó que no pretenden quedarse con la ruta para operarla y argumentó que si decidieron aplicar esta atribución legal fue porque los camioneros abusaron al aplicar una tarifa no autorizada.

“Queremos regresar la empresa –remarcó–. Si es mañana, que sea mañana, aquí no somos como los gobiernos anteriores, que requisamos empresas, nos quedamos con ellas y luego lucramos.”

Refirió que aunque la ley les da facultad para resolver la requisa hasta en 120 días, no pretenden extender ese tiempo y buscarán resolverlo a la brevedad posible, siempre que haya un compromiso de los transportistas. Precisó que han aplicado 593 multas por el tarifazo y se han decomisado 48 vehículos.

Al anunciar que regresaban a la tarifa autorizada, Hernán Martínez Leal, representante de la Asociación de Transporte Público ante el Imya, dijo que los camioneros sólo piden igualar de manera temporal su tarifa con la que cobra el gobierno del estado en sus unidades (15 pesos).

Dicha alza se aplicaría en noviembre próximo, cuando entre en vigor la restructura de transporte programada, que incluye el prepago con tarifa de 12 pesos.

A cambio, agregó, los transportistas ofrecen reactivar unos 400 camiones que actualmente tienen en talleres por falta de refacciones.

El gobierno hace lo que prohíbe: concesionario

“No niego que actuamos intempestivamente, pero ya es mucho lo que han abusado”, reprochó el empresario del Grupo Tuesa, uno de los que el miércoles comenzó a cobrar 15 pesos.

“El que te ordena (gobierno) que no puedes cobrar más porque la gente está muy amolada, sí lo hace”, reprochó al referirse a las unidades de la administración estatal, encabezada por Samuel García Sepúlveda.

“Nos disciplinamos porque no queremos pelear con el gobierno, pero sí es necesario que tomen una decisión porque la situación para las rutas es ya insostenible”, alertó.

Martínez Leal recordó que en abril pasado la Comisión de Costos del Imya reconoció, en una presentación oficial que, luego de seis años sin actualización, la tarifa de 12 pesos tiene un desfase de 60 por ciento. Sin embargo, dijo, por razones políticas la autoridad no da el paso decisivo para ajustar.

En cuanto al subsidio de dos pesos ofrecido por las autoridades, consideró que se convirtió en un trámite tan burocrático que sólo se destrabó justo el día en que decidieron subir la tarifa sin aval del gobierno.

“Los usuarios quieren unidades que estén circulando y las empresas están muy descapitalizadas –destacó–. Las acciones de los últimos días (aumento a la tarifa) fueron torpes, si tú quieres, pero son acciones desesperadas porque hay un problema que lleva años y que no se puede resolver”.

El propietario de la ruta 400, Abelardo Martínez García, acusó al gobierno nuevoleonés de aplicarle una requisa ilegal y en fin de semana para dejarlos en indefensión jurídica. “Está plagado de irregularidades, de abuso y de prepotencia lo que inició el Instituto de Movilidad”, reprochó el transportista.

Según el empresario, el personal del gobierno del estado llegó a las instalaciones de ruta 400 rompiendo puertas y haciendo boquetes en muros sin permitir que trabajadores del derrotero se acercaran a las instalaciones.

Martínez García, quien también fue denunciado penalmente luego de que junto con otros transportistas elevó la tarifa de 12 a 15 pesos, puntualizó que lo único que pretenden es que haya equidad y se les permita cobrar lo mismo que las rutas operadas por el gobierno.

Acusó a García Sepúlveda de exagerar con los cerca de dos millones de pesos encontrados en las oficinas de la ruta. Detalló que dicho monto “es producto de diferentes partidas que se vienen acumulando para compromisos de fin de mes: pago de proveedores, gratificaciones al personal y gastos de operación”.

Manifestó que el gobierno no debe llevarse el dinero en efectivo, pues es para pagar los gastos de operación, además de que se generó antes de la requisa. “Sería otro error jurídico garrafal”, advirtió.

Por su parte, Samuel García aseguró que las “fuertes” cantidades de dinero que ingresan a las rutas camioneras no son fiscalizadas por las autoridades.

“El dueño de esa ruta fue el que operó este agandalle, que literalmente compró a la Comisión de Costos del Instituto de Movilidad para, aprovechando la crisis del agua para dar este golpe”, reprochó el mandatario quien identificó al empresario Abelardo Martínez como el instigador.

“Una sola ruta por día puede llegar a cobrar entre uno o dos millones de pesos al día. Así llevan 20 años. Nada más multipliquen. Ese dinero por ley debe irse a gasto, sueldos e inversión de nuevas unidades. ¿Dónde están las nuevas?”, cuestionó.

“Ahí está la robadera. Llevan 20 años alegando pérdidas. Si es pérdida, ¿por qué se meten a ese negocio, por qué llevan ahí 20 años? ¿Y las trocas y los ranchos?”