Ciudad Juárez, Chih. Agricultores y activistas de la organización campesina El Barzón exigieron que se cancelen al menos 300 pozos que grupos de menonitas encabezados por la familia LeBarón han perforado sin permiso en áreas desérticas del municipio de Villa Ahumada y del poblado de Samalayuca, perteneciente a Ciudad Juárez, que fueron decretadas en veda hace más de 20 años.

Además, pidieron a las autoridades que destruyan 53 pequeñas represas ilegales ubicadas en un perímetro de cinco kilómetros en torno al río El Carmen, pues han obligado a mil 300 agricultores de Namiquipa, Buenaventura y Villa Ahumada a reducir sus áreas de cultivo.

Mujeres barzonistas de los ejidos Constitución y Benito Juárez, ubicados en el municipio de Buenaventura solicitaron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván que las acompañe “en nuestras demandas, como lo hizo con los que defendieron el agua de la presa La Boquilla (ubicada en el municipio chihuahuense de San Francisco de Conchos) el año pasado, ya que nos han dejado solas”.

Indicaron que han detectado un pivote de pozo por cada 40 hectáreas de zonas que se hallan vedadas y que el agua extraída de ellos se distribuye a través de aspersores, en perjuicio de labriegos que no tienen recursos para perforar el subsuelo.

Los LeBarón y otros menonitas siembran forrajes y alfalfa, además de nogales, lo que implica “agresiones hídricas”, porque ese árbol consume gran cantidad de agua. Esto no obstó para que durante años funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les permitieran cavar pozos y dotarlos de energía eléctrica.

Las barzonistas señalaron que a partir de sus protestas y conflictos con los menonitas, se giraron contra los inconformes órdenes de arresto durante la administración de María Eugenia Campos, la cual empezó en octubre pasado.

Las hortelanas enviaron una a Campos Galván una carta en la cual le demandaron “la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra nuestros hijos, esposos y compañeros, que son entre 29 y 40, y que convoque a una reunión con dependencias federales, estatales y municipales”.

Consideraron que para resolver el problema del agua en sus ejidos se debe citar a reunión con representantes de la Conagua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la CFE y a la Fiscalía General de la República “para que se analicen todas nuestras demandas y se proceda a la cancelación de los pozos ilegales de la nogalera de Julián LeBaron, que es la causa del conflicto.

“María Eugenia, le invitamos con respeto a que deje sus tacones y se calce en nuestros zapatos de pies de campesinas curtidos por la tierra y el sol esperando que nos regale unos minutos para leer la carta que le escribimos y pueda enterarse de lo que realmente sucede en nuestras comunidades ejidales”, acotaron.

Dijeron ser “víctimas de Julián LeBaron, un hombre con poder económico que nos roba el agua, ya que hace años llegó con maquinaria para desmontar y sembrar nogales en terrenos justo frente al pueblo de Constitución, nos divide únicamente la carretera”.

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, aseguró que se atenderá la misiva dirigida a la gobernadora. “Este gobierno no va a hacer ni persecuciones ni nada por el estilo”, pero tampoco se puede equiparar este caso con la defensa del agua en La Boquilla, expuso. Hizo énfasis en que la autoridad federal y los jueces deben resolver la situación de los pozos ilegales, y nadie puede hacer justicia “por su propia mano”.

Interrogada al respecto en días pasados, la gobernadora María Eugenia Campos dijo tener conocimiento “de los 300 pozos de agua clandestinos denunciados recientemente en Villa Ahumada, así como en el resto del estado”. No dio a conocer la ubicación de los pozos debido a “las investigaciones que está realizando la Conagua”.