La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó la legislación secundaria que permitirá poner en marcha lo dispuesto en la reforma al artículo 30 Constitucional, a fin de incluir y reconocer con derechos plenos a mexicanos migrantes de varias generaciones que radican en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
Se trata de 12.8 millones de hijos y 12 millones de nietos de connacionales que emigraron al vecino país del norte y quienes, además de la doble nacionalidad, deberán contar con facilidades para trámites consulares, educativos y culturales, entre otros, sin discriminación alguna y con el principio de igualdad ante la ley que la propia Carta Magna determina.
La senadora de Morena y ministra en retiro comentó que la reforma al artículo 30 constitucional, aprobada el año pasado, eliminó el requisito de sólo reconocer la nacionalidad a hijos de mexicanos en el extranjero y se amplió a generaciones sucesivas, con lo que se abarcó a la descendencia de madres o padres mexicanos que también hubieran nacido fuera del territorio nacional, principalmente en Estados Unidos, donde radica la gran mayoría de ellos.
Fue un acto de justicia para quienes mantienen poderosos lazos de identidad cultural con el país y apoyan a la economía nacional con remesas que el año pasado “alcanzaron la espectacular cifra de cerca de 52 mil millones de dólares”, destacó Sánchez Cordero.
Su iniciativa, detalló, reforma seis leyes: la del Servicio Exterior, la de Educación, de Planeación, de Cultura y Derechos Culturales, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y la Orgánica de la Administración Pública Federal, que permitirán a las autoridades federales cumplir mejor sus responsabilidades de atención a la población mexicana en el extranjero.
“Somos más de 165 millones de personas que integramos la gran nación mexicana transterritorial, y esta iniciativa permitirá que nuestro gobierno tenga mejor despliegue de sus responsabilidades frente al siglo XXI”, recalcó.
Entre otras modificaciones, la iniciativa dota a la Secretaría de Gobernación de la facultad complementaria de promover o facilitar la documentación formal de la población mexicana en el extranjero y favorecer su movilidad desde o hacia México, así como impulsar medidas para prevenir la discriminación y promover valores de unidad nacional y diversidad cultural.
Asimismo, faculta a la Secretaría de Educación Pública para avanzar en la homologación de las certificaciones escolares y se responsabiliza a la Secretaría del Trabajo de conducir programas que posibiliten la certificación de las habilidades y capacidades técnicas y profesionales de la población en retorno, mediante los acuerdos y coordinación necesaria con otras entidades gubernamentales y sociales.
