El lamentable asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora y del guía de turistas Pedro Palma, así como la desaparición de otras dos personas; ha generado la expresión pública de solidaridad y descontento de diversos actores sociales. Acertadamente, voces como la del padre Javier Ávila han colocado el problema como uno que afecta a todo el país y a toda la sociedad, y no como uno que atañe únicamente a religiosos, rarámuris o al estado de Chihuahua. “Son miles los dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación”, expresó el padre Ávila.
Así, en la prensa nacional y en otros espacios, se ha convocado a revisar la estrategia de seguridad del actual gobierno, mientras el titular del Ejecutivo ha cuestionado estos llamados colocando nuevamente el debate en dos opciones: el modelo actual o el de los gobiernos pasados, “abrazos” o “balazos”, como el mismo Presidente lo enuncia. El problema es que, hasta ahora, los abrazos no están deteniendo los balazos.
Un primer reto es entender lo complejo, integral y estructural del problema. Algunas corrientes observan el fenómeno del crimen organizado como un problema de seguridad. Esta lectura, que es la dominante, ha priorizado políticas de militarización y cooperación internacional en seguridad para enfrentar un “enemigo” que es a la vez interno, regional y global. Es el argumento tras el que se sostiene la lógica de la guerra.
Otras corrientes, que suelen complementar a la anterior, miran problemas de corrupción y observan al crimen organizado como una anomalía del mercado. Estado de derecho, transparencia, inteligencia financiera o follow the money son algunas de las medidas que se proponen desde estos enfoques. Como las corrientes anteriores, éstas no cuestionan la funcionalidad de la industria criminal al actual sistema de acumulación de poder y de riquezas.
Las corrientes críticas, por su parte, revisan los vínculos y relaciones de la industria criminal con estrategias recolonizadoras. El crimen organizado es visto más como una industria que opera mediante corporaciones y facilita procesos de acumulación por desposesión, militarizada o paramilitarizada, garantizando para las metrópolis o centros imperiales el abastecimiento de recursos naturales, materias primas –incluso para las drogas, y también abriendo mercados y rutas para el comercio legal o ilegal, o despoblando territorios. También suelen observarse efectos de la industria criminal como dispositivos de biopolítica, necropolítica o del “capitalismo gore”, como la filósofa Sayak Valencia lo ha denominado.
El fenómeno de la violencia en México no puede ni debe atenderse sólo como un problema de seguridad, y eso pasa por observar los impactos de la industria criminal y sus violencias en múltiples planos: de salud, trabajo, económicos, culturales, espirituales…
México, y en general Centroamérica, cumplen un papel importante en la producción y exportación de materias primas, de mano de obra barata, de “bodegas” y de rutas “accesibles” para la industrial criminal. Mientras, las metrópolis o centros viven los efectos de forma distinta a la que lo hacen los países de la periferia: en México el drama se traduce en más de 300 mil personas asesinadas y más de 100 mil desaparecidas, en Estados Unidos 100 mil personas mueren por sobredosis de drogas, 75 mil 600 de ellas por opioides.
Una dinámica similar se vive dentro del país. Si bien la industria criminal impacta desde Tijuana hasta Tapachula, las poblaciones indígenas, campesinas y empobrecidas juegan un papel diferente al que viven las poblaciones de las clases medias y altas en las ciudades. Un estudio detallado en ese sentido sería importante para construir salidas reales. En cierta forma, esta es la hipótesis que sostienen quienes proponen disputarle las bases sociales al crimen organizado mediante programas sociales. El problema es también el punto de partida: los 2 mil pesos que pueden entregarse mediante becas o apoyos son poco comparado con las ganancias y la inmediatez que ofrecen las industrias criminales en ciertas regiones. Peor aún, el carácter individualizado o las mediaciones con que se entregan esos apoyos también los han puesto en disputa por parte de corporaciones criminales y sus operadores en las regiones.
El carácter complejo, estructural e integral del problema no es un llamado al desánimo, sino a repensar las salidas y alternativas. Desde luego hay tareas urgentes e inmediatas por atender, sin dejar de ver el corto, mediano y largo plazos. Implementar una profunda reforma agraria para regresarle la tierra a quienes les ha sido arrebatada sería una buena salida, como también lo sería proteger y cuidar a las comunidades y colectividades que de manera autogestiva han impedido o echado de sus territorios a las corporaciones criminales. La recuperación de centros productivos comunitarios y sociales también ayudaría. Organizar a la sociedad no como maquinaria electoral, sino para desmontar la violencia organizada. Me temo, sin embargo, que hay quienes siguen negándose a aceptar que algo va muy mal.
* Sociólogo
Twitter: @RaúlRomero_mx
