Guadalajara, Jal., Nueve profesores wixaritaris fueron detenidos por un comando que instaló un retén en el municipio de Huejuquilla, al norte del estado, en los límites con Monte Escobedo, Zacatecas, y los despojaron de una camioneta, celulares, ropa, sellos de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y al menos 250 mil pesos para el pago de nómina de 46 docentes.
Los docentes, quienes se dirigían desde esa comunidad a Colotlán, para luego ir a Guadalajara a participar en los juegos magisteriales, presentaron su denuncia en la fiscalía del estado en Mezquitic y la SEJ, sin embargo ninguna de las dos dependencias estatales informó del asalto perpetrado el 30 de junio. Antes de huir, los presuntos delincuentes metieron a los nueve indígenas dentro de un pozo lleno de hojarasca.
En la denuncia, los maestros describieron que el comando portaba arma de fuego y chalecos antibalas y los obligaron a descender del automóvil para cometer el atraco.
Apenas el martes, el gobernador Enrique Alfaro y el fiscal estatal, Joaquín Méndez Ruiz, negaron que existan retenes de la delincuencia organizada en carreteras de Jalisco, como han asegurado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cardenal Francisco Robles Ortega, pobladores wixaritari del norte del estado y dirigentes empresariales.
“Quiero contestar categóricamente: en Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras”, dijo el gobernante, pese a las múltiples evidencias en contra. En esa misma narrativa, el fiscal Méndez Ruiz afirmó que no es necesario tomar medidas extra a las que ya existen porque “no hay denuncias” sobre ese tema.
Agustín Sandoval, comisariado de bienes comunales de Santa Catarina y hermano de dos de los docentes asaltados, dijo que apenas habían retirado el dinero para pagar a sus compañeros y luego de lo ocurrido debieron regresar a presentar las denuncias. Agregó que sólo quienes transitan por la zona “sabemos la situación y cuando escuché eso del gobernador me dio bastante molestia”.
“Ahí están los hechos, la robadera a la orden del día, la delincuencia hace de las suyas”. Aseveró que “la realidad no puede ser ocultada por decreto”.