Señaló que es una deuda del Estado mexicano que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca saldar, ya que el incremento de crímenes de periodistas data de por lo menos dos décadas atrás. De 2006 a la fecha se contabilizaron 256, de los cuales, 59 se han perpetrado en este sexenio, por lo que se trabaja en esa iniciativa, sustentada en políticas públicas de apoyo al ejercicio periodístico.

El funcionario respondió así al representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Frederic Vacheron, quien sostuvo que en América Latina hay “una violencia generalizada contra periodistas y, lamentablemente”, México ocupa el primer lugar en asesinatos de comunicadores en los últimos diez años. “Las cifras hablan”, subrayó.

Vacheron insistió en que la Unesco respalda la “Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa”, elaborada por asociaciones de ese gremio en el continente, con base en el Plan de Acción de la ONU para proteger la vida de quienes informan a la sociedad.

Lo anterior, durante un evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, que encabeza el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quien presentó esa ley modelo y se comprometió a impulsarla. “Hoy, nuestra región es la más peligrosa del mundo para ejercer el oficio de informar, y México lamentablemente encabeza esa lista”. Decir que es un problema que surgió en este gobierno sería mentir, “pero negar que se ha agravado en los últimos años, también sería irresponsable”, subrayó.

En su turno, Irazoque dijo que ese modelo de la Unesco servirá de base para la iniciativa que se elabora en la Secretaría de Gobernación, ya que, “por supuesto”, se tiene que replantear la Ley Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

El proyecto, explicó, incluye un protocolo homologado de actuación para todas las autoridades, registro nacional de agresiones hacia periodistas y defensores derechos humanos , a fin de elaborar una política pública “que nos permita generar datos fiables y ver dónde están la amenaza y la prioridad”

Detalló que de acuerdo con un estudio elaborado por la SG, 60 por ciento de la problemática de riesgos para comunicadores se concentra en seis estados de la República: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Sonora”. La iniciativa establecerá la responsabilidad de los tres órganos de gobierno, ya que en el caso del municipal, “en lugar de solución es el problema”, ya que 40 por ciento de las agresiones a comunicadores se dan en ese ámbito.