Quito. Organizaciones indígenas y el gobierno del presidente Guillermo Lasso firmaron ayer en Quito, con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), un acta de compromisos que pone fin al paro nacional indefinido contra el alto costo de la vida, que duró 18 días con intensas protestas.

El acuerdo incluye, entre otros puntos: que la gasolina bajará de 2.55 a 2.40 dólares el galón y el diésel de 1.90 a 1.75; no se extenderá la frontera petrolífera y no se realizarán actividades mineras en áreas protegidas, parques nacionales y fuentes hídricas.

Leonidas Iza, líder de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), aseguró que se deben reconocer los puntos que se han avanzado en la lucha, “pero hay tópicos pendientes y temas en rojo con los que no estamos de acuerdo, pero por pacificar el país tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de los apartados en los que hemos triunfado”.

El pacto fue firmado por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, y el presidente de la CEE, Luis Cabrera, que actuó como mediador.

Por el Poder Ejecutivo participaron en las negociaciones Jiménez, el secretario de la Administración, Iván Correa, y el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo; por el movimiento indígena, Iza y los presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, y el del Consejo de los pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Tuala, informó el diario El Universo.

El presidente Guillermo Lasso, quien asumió el poder hace 13 meses y que en medio de la crisis política se salvó de ser destituido por la oposición en el Congreso, manifestó por Twitter: “Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país”. “Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos”.

Antes de la firma del acta, Iza pidió tiempo para consensuar con los dirigentes regionales la aceptación de los términos del acuerdo propuesto, y tras la cita se pidió incluir algunos puntos exigidos con anterioridad.

Cuando los dos representantes de los pueblos originarios ya habían firmado el acta, Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, se negó a hacerlo mientras era presionado por sus propias bases y por los otros dirigentes. Finalmente lo hizo.

El acuerdo incluye, entre otros puntos, que la gasolina bajará cinco centavos adicionales en total la reducción será de 15 centavos, pues el gobierno ya había reducido 10 centavos; Además, se establecerán mesas de diálogo para crear una política de focalización en el subsidio de combustibles.

El gobierno se compromete a derogar el decreto ejecutivo número 95 en materia de hidrocarburos y reformar el decreto ejecutivo 151 que contiene el Plan de Acción para el sector minero de Ecuador. Aquí se incluirá que dichas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, regiones de valor arqueológico ni en áreas de protección hídrica. Se garantizará la consulta previa, libre e informada, de las comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas considerando los estándares citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional.

Se comprometieron a instalar una mesa de diálogo con la presencia de garantes, con la metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos que tendrán una duración de 90 días. El movimiento indígena declaró el cese de las movilizaciones y se retira a sus comunidades. El gobierno derogará los estados de excepción, informó El Mercurio.

Iza advirtió que “si las políticas del Estado no resuelven el problema de los pobres entonces los pueblos se levantan (…) importante que podamos tener claridad en este proceso”.

Jiménez afirmó que “sabemos que tenemos una nación con muchas fracturas, con muchos problemas, con injusticias sin resolver, con importante sectores de la población que aún están muy relegados”, y prometió que el gobierno trabajará para construir un país de paz, justo y equitativo.

Ambas partes empezaron el lunes un diálogo que estuvo a punto de desembocar en una salida definitiva, pero la madrugada del martes un presunto ataque indígena a un convoy de combustibles custodiado por uniformados, que dejó un militar muerto y 12 agentes heridos, motivó al gobierno a abandonar las negociaciones.

Desde el 13 de junio la Conaie, declaró un paro nacional en demanda de la reducción del precio del combustible desde 2.55 dólares el galón a 2.10 dólares, aumento del presupuesto para la salud y la educación y la fijación de precios de los productos agropecuarios como parte de 10 demandas.

Por presión de los empresarios, los productores y los mismos agricultores –que a diario deben desechar millones de dólares en productos perecederos– y de la sociedad civil que padece desabastecimiento de alimentos, gas y combustible, las partes accedieron a volver a una mesa de negociación.

Las protestas se caracterizaron por férreos bloqueos de vías que impidieron el paso de alimentos, combustibles e inclusive ambulancias. Uno de los efectos fue una escalada de precios de los pocos productos comestibles que llegan a las ciudades, especialmente del centro norte andino, una de las zonas más afectadas por el paro.

Miles de manifestantes indígenas abandonaron Quito anoche, con lo que se puso fin a las protestas iniciadas el pasado día 13, y que dejaron seis muertos.

“Seguramente estamos cansados (...) Así que toca regresar a la casita”, dijo el líder de la Conaie, Leonidas Iza, ante unos 4 mil personas.