El martes, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que prepara una iniciativa para reglamentar la portación de armas de fuego con el propósito de que “las familias se defiendan ante la creciente inseguridad e impunidad que se vive en lo que hoy es un Estado fallido”. De acuerdo con el ex gobernador de Campeche, de aprobarse su propuesta, los interesados deberán pasar distintos filtros y cumplir con requisitos que garanticen su posesión y aporten seguridad a las familias”.

Aunque el dirigente, más conocido como Alito, adelantó que antes de llevar su iniciativa al Congreso la presentaría a sus aliados en la Coalición Va por México, ayer mismo los coordinadores del PAN y el PRD en la Cámara de Senadores, Julen Rementería y Miguel Ángel Mancera, rechazaron (con diversos matices) legislar al respecto, y el segundo incluso la calificó de “indigna de una sociedad democrática”. Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, consideró que armar a los ciudadanos sería “el inicio del caos”.

Incluso antes de que el panismo y el perredismo se desmarcasen de la propuesta, el Revolucionario Institucional estaba al tanto de que semejante idea se encontraba condenada al fracaso, tanto porque la mayoría oficialista de ninguna manera procesaría tal insensatez, como porque el boicot legislativo emprendido por la propia oposición cierra las puertas a la negociación entre grupos parlamentarios. De este modo, lo que deja ver el lance de Alito es, por una parte, la intención de distraer a la ciudadanía de los incesantes escándalos que lo salpican y, por otra, una maniobra demagógica que resulta deplorable en tanto está orientada a seducir a grupos de entusiastas de las armas que son el equivalente local de la estadunidense Asociación Nacional del Rifle.

Afortunadamente para la vida cívica mexicana, en nuestro país tales sectores son muy minoritarios, pero no deja de ser lamentable que se les azuce manipulando una problemática tan grave, compleja y delicada como la inseguridad, la cual, claro está, existe, y es una preocupación real para millones de personas que ven amenazada su integridad física y patrimonial por la actividad de pequeños delincuentes o del crimen organizado.

Sin obviar esa realidad, es fundamental insistir una y otra vez en que una sociedad “pistolizada” no es una sociedad más segura, como lo demuestra el ejemplo del país vecino del norte, que es a la vez la nación con más armas de fuego en manos de civiles (casi 393 millones de armas por 332 millones de habitantes, o 1.2 pistolas, fusiles y metralletas por cada habitante) y la nación desarrollada en donde más personas mueren o resultan heridas por estos dispositivos.

En suma, pretender importar a México ideologías armamentistas procedentes de Estados Unidos es una forma inescrupulosa y oportunista de desviar la atención sobre la debacle que viven el PRI y su líder y que además resulta nociva porque en sí misma contribuye a exacerbar el clima de violencia e inseguridad. Cabe felicitarse por el pronto rechazo al disparate del político campechano por parte de los líderes de la Cámara Alta, y es de esperarse que este tipo de iniciativas jamás prosperen en nuestro país.