Monterrey, NL., Empresarios transportistas de algunas rutas de la zona metropolitana comenzaron a aplicar ayer un incremento al servicio de pasajeros de 12 a 15 pesos, lo que provocó molestia entre los usuarios, quienes se quejaron del deficiente servicio que prestan los camiones y peseras, los cuales se encuentran en “pésimo estado”.
José Manuel Valdez, director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, puntualizó que no se ha autorizado aumento alguno y advirtió que se sancionará a quienes cobren más de la tarifa estipulada, e incluso podrían perder la concesión.
En respuesta, la Secretaría de Movilidad comenzó a realizar inspecciones para sancionar a los choferes que violen la norma. Precisó que las multas oscilan entre 9 mil 622 y 48 mil 110 pesos.
Desde temprano, varias rutas urbanas, entre ellas las 31, 39, 93, 223 y 105, subieron de manera unilateral el pasaje a 15 pesos; la empresa transportista Consorcio Camionero Lazcano fue de las pocas que no incrementaron la tarifa.
Unidades de varias rutas, entre ellas la 105, escribieron en los parabrisas de los camiones, con tinta blanca, el nuevo cobro de 15 pesos, lo cual fue fotografiado por usuarios para advertir en redes sociales sobre el “tarifazo”; otros operadores optaron por pegar un trozo de papel con el nuevo precio.
José Manuel Valdez, director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, recordó que hace dos semanas el gobierno del estado, por conducto del Instituto de Movilidad, emitió un acuerdo para dar apoyo económico emergente a los transportistas.
Explicó que la ayuda, de dos pesos por kilómetro recorrido, tenía el propósito de que no subieran el costo del servicio. “Algunos transportistas han llevado sus documentos y están en proceso de recibir su pago”, apuntó.
Advirtió que todo aquel que haya aumentado “de manera ilegal” la tarifa y afectado a los usuarios no tendrá el subsidio.
En tanto, Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad, informó que se emitirá una licitación para que empresarios de otras entidades consulten las bases y analicen la posibilidad de operar en Nuevo León, “ya que los transportistas (locales) alegan que no es negocio”.
Lorena de la Garza, presidenta de la comisión de movilidad en el Congreso local, dijo que los empresarios del ramo solicitaron un incremento, pero no ha sido autorizado.
En redes sociales, ciudadanos de la megalópolis se quejaron de que si no pagaban los 15 pesos no los dejaban abordar; reprocharon el mal estado del parque vehicular; que algunas unidades tienen láminas de triplay en el piso y asientos rotos.
Algunos usuarios, entre ellos Claudia Flores, de Valle de Santa Lucía, en Monterrey, señalaron que el alza no se justifica por las pésimas condiciones en que están los camiones y peseras.
Orlando Garza Vigil y José Manuel Palma Pérez, obreros residentes de Apodaca, aseguraron que ese aumento golpeará su de por sí mermada economía.
La Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros instó al gobierno del estado, encabezado por el emecista Samuel García, a aplicar “mano dura” a los transportistas rebeldes, pues la tarifa de 15 pesos es “lesiva”.
Jaime Noyola Cedillo, vocero del organismo no gubernamental, adelantó que pedirán la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.