Las críticas de jesuitas y organizaciones en cuanto al tema de seguridad, tras el asesinato de los dos sacerdotes en Cerocahui, en el estado de Chihuahua, no son una añoranza a que vuelvan las confrontaciones y las estrategias del pasado, sino que buscan hacer un alto y reconocer que las cosas no van bien en esta materia, sostuvo Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que acompaña el caso en lo jurídico.

El asesinado de Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, dijo, ha sido un “golpe muy duro” para la Compañía de Jesús, y ante lo cual, recordó, la provincial jesuita ha reconocido que hay una pronta respuesta de las autoridades con un despliegue en la zona. No obstante, aseveró que no es suficiente para garantizar que no haya impunidad, ya que el responsable sigue prófugo.

Apuntó que el homicidio de los dos sacerdotes no se debió a un evento singular, sino que es resultado de una expresión de redes criminales más amplias que no han sido desarticuladas, que se han venido fortaleciendo en los últimos años, beneficiadas con el olvido en esta región durante décadas.

“Como lo dijeron tanto el padre provincial (Luis Gerardo Moro), como el padre Pato (Javier Ávila Aguirre), tenemos que reconocer que no vamos bien en seguridad, y eso no quiere decir que olvidemos que tampoco estuvimos bien en el pasado”, señaló en entrevista.

Ineficacia de la FGR

Aguirre insistió que “sin duda alguna, todos tenemos en la memoria que el aumento dramático de los índices de homicidio ocurrió en el calderonismo, que las políticas del sexenio anterior de Peña Nieto no fueron efectivas, pero tenemos que reconocer que tampoco lo está siendo la política pública impulsada por esta administración, en particular el fuerte énfasis en la militarización, el olvido de las policías locales y la tolerancia ante la ineficacia de la Fiscalía General de la República”.

También lamentó que la estrategia de seguridad tenga un excesivo centralismo, lo que deja de lado a las instancias locales.

Refirió que el padre provincial “fue muy enfático en insistir en que la Compañía de Jesús no quiere abonar a la polarización” para criticar al gobierno actual o a los anteriores.

En tanto, los jesuitas se mantienen igualmente reflexionando sobre el papel que les toca en este contexto, y definir “cuál va a ser el llamado que harán, porque están claros de la responsabilidad del momento y no quieren que un problema que es profundo y es multifactorial se agote en politiquería y en la utilización de la violencia como arma arrojadiza entre los partidos, que es lo que hemos tenido en los últimos años en México”.

A la vez, es fundamental el diálogo con la sociedad, las iglesias, la academia, empresarios, especialistas en seguridad y con las comunidades indígenas. “La apertura a escuchar otras voces está siendo también un faltante, porque cualquiera que señala que la estrategia no está dando el resultado esperado es inmediatamente estigmatizado como opositor o crítico, y eso está provocando que se pierda la riqueza que hay en el país de perspectiva sobre la violencia”.

Es preocupante, indicó, que en vez de abrirse a las conversaciones, “todo el debate público esté centrado en la sucesión de 2024 y qué es lo que sigue a nivel electoral”.