Ecuador, como en octubre de 2019, vuelve a ser el centro de un paro nacional, territorial e indefinido. La movilización convocada inicialmente por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) ha crecido a medida que el gobierno del banquero Guillermo Lasso ha incrementado la represión. Durante el primer día de paro, el principal dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, fue detenido de manera arbitraria e ilegal y se desconoció su paradero durante varias horas. Este hecho activó a las bases y organizaciones de distinto grado del movimiento indígena y sumó a otras organizaciones sociales que ven en Iza una voz que los representa.
En este punto ya no sólo se trata de pueblos y nacionalidades indígenas movilizadas, son mujeres, disidencias, estudiantes, maestros, trabajadores autónomos, barrios populares, taxistas y mercados populares los que se han plegado al paro.
Y aunque cada sector tiene sus propias demandas, la articulación se construye alrededor de los 10 puntos planteados por la Conaie: reducción y congelamiento del precio de los combustibles; moratoria de las deudas con la banca pública, privada y cooperativas; precios justos en los productos del campo; empleo y derechos laborales; no a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos (educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, etcétera); alto a la privatización de sectores estratégicos; políticas de control de precios; presupuestos para salud y educación; seguridad, protección y políticas públicas frente a la ola de violencia generada por el crimen organizado, delincuencia y narcotráfico.
A un año de gobierno de Lasso, éste únicamente ha cumplido con uno de los ofrecimientos de campaña: la vacunación contra covid-19. La crisis que vivía Ecuador desde 2015 se acentuó por la pandemia y por las políticas de ajuste estructural implementadas por los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
La pobreza nacional es de 27.7 por ciento y la pobreza extrema de 10.5 por ciento. Estas cifras casi se duplican en el área rural: 42.4 por ciento y 20.3 por ciento, respectivamente. Sólo tres de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Casi 70 por ciento de la población tiene dificultades para acceder a la canasta básica. Estas cifras dejan ver el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y son las condiciones que han impulsado una nueva oleada migratoria como en los peores momentos en la década de los 90.
El conflicto que estalla en estos días está íntimamente conectado con los problemas no resueltos y agravados desde octubre de 2019. Si hace tres años el detonante fue la subida del precio de los combustibles, todas las condiciones se fueron agravando en medio de la pandemia a través de la liberalización del precio del combustible, los recortes presupuestarios a las áreas sociales y la implementación de leyes que precarizaron las condiciones laborales. Por ello, en el fondo tanto en 2019 como ahora existe un rechazo al modelo neoliberal.
La respuesta del Estado, sin embargo, ha sido una brutal represión. En el marco de la movilización han fallecido cinco personas, existen 200 personas heridas y 145 detenciones y cientos de vulneraciones de derechos humanos. La estrategia ha sido el cerco y la exacerbación del racismo. A través de la imposición de un estado de excepción, la militarización y la ocupación policial de lugares que han servido históricamente como centros de acogida para el movimiento indígena. A ello hay que sumar que desde 2019 el Estado ha optado por la construcción de un enemigo interno al que hay que eliminar: toda muestra de protesta social.
La impunidad de los represores de octubre de 2019, el fortalecimiento del aparato represivo y el apoyo irrestricto por parte del poder son las condiciones que explican, por un lado, la exacerbación de la violencia de policías y militares; y por otro, la actuación de grupos fascistoides que disparan y arremeten contra los sectores movilizados.
En la medida en que el gobierno siga sin pretender un diálogo, sino una rendición de parte del movimiento social e incremente los niveles de represión con la aplicación de fuerza letal (como ya lo advirtió hace unos días) irá en crecimiento la demanda destituyente que ha circulado en las calles “¡Fuera Lasso, fuera!” y también los costos humanos.
Sin posibilidades de una resolución del conflicto vía institucional, por ahora el escenario futuro es incierto.
