La tragedia completada en San Antonio, Texas, con más de medio centenar de migrantes muertos adentro de la caja de un tráiler, forma parte de una cadena de acciones y omisiones sabidas, toleradas y asumidas en Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas.

Duelo, enojo y mucha cobertura mediática a un hecho concreto que es doloroso y lamentable pero, a la vez, consecuencia de un sistema político, económico y social que busca mano de obra barata para la economía imperial, a la vez que alienta la persecución y discriminación de los indocumentados que explota, que doblega en cuanto a políticas migratorias a sus vecinos disponibles, que consigue de estos complicidades a cambio de “ayudas” e inversión extranjera, y luego se asusta del resultado de lo que incuba, de la desigualdad extrema que impulsa a centroamericanos y mexicanos a buscar, literalmente a cualquier costo, el falso american dream.

Diariamente suceden, en el trayecto de Centroamérica a Estados Unidos, pasando por México y con la propia aportación de nacionales, tragedias menos llamativas en términos mediáticos, pero igualmente terribles e incluso de mayor cuantía numérica que el caso de San Antonio, Texas, como aconteció en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron secuestrados y luego asesinados por Los Zetas en agosto de 2010, sin castigo real hasta la fecha.

En ese contexto se dará la primera reunión de los presidentes de Estados Unidos y México, el próximo mes. Los intereses que se han combinado históricamente para mantener el flujo migratorio en los términos restrictivos actuales habrán de trabajar en busca de dar a esa sesión un marco retórico que no cambie de fondo la situación ante la cual luego hay explosiones de hipocresía adecuada a las circunstancias.

El mismo día en que la gobernadora Layda Sansores habría de dar a conocer un capítulo más de la saga corrupta de Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) madrugó con ánimo distractor al anunciar una propuesta ruidosa: que se faculte a los ciudadanos a contar con armas de mayor calibre que el hasta ahora permitido, para defender sus casas y negocios, ante lo que definió como un incumplimiento del Estado mexicano en proporcionar seguridad a sus habitantes.

Alito bien sabe que no hay posibilidades reales de que, en la actual correlación de fuerzas políticas, una iniciativa del tricolor triunfe en las cámaras legislativas federales, pero lanzó tal propuesta con ánimos de revuelo mediático. Es una ironía de siglas ver que el PRI, nacido como Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, casi un siglo después pretenda reconstituirse como una especie de ultraderechista Partido Nacional del Rifle.

La convocatoria de Mario Delgado a renovar directivas de Morena en todo el país (salvo en su propio caso y el de la secretaria general del comité nacional) abre la puerta a la concurrencia apabullante de poderes estatales, municipales y regionales ajenos al sentido original de la Regeneración Nacional, que mediante movilizaciones (acarreos), uso de dinero de distinta procedencia (con preponderancia del oscuro) y presiones varias, tienen el propósito de hacerse de los controles locales del partido guinda y, desde ahí, condicionar o perfilar las candidaturas a diputados federales y senadores en 2024, y a la Presidencia de la República, más algunas gubernaturas y congresos locales.

En San Luis Potosí avanza en esa estrategia el equipo operativo del gobernador Ricardo Gallardo, llegado al poder oficialmente por el Partido Verde Ecologista de México, en alianza con Mario Delgado, que con marrullería peligrosa diluyó toda posibilidad de competencia real de Morena en la entidad. La consigna es usar los medios que sean necesarios para que el partido guinda quede bajo dominio del verde gobernador potosino, quien deja correr la especie de que podría ser precandidato presidencial en 2024, cuando menos a propuesta del partido de las cuatro mentiras. ¡Hasta mañana!

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