Bogotá. La Comisión de la Verdad reveló ayer el primer documento oficial en el que se intenta reconstruir el conflicto armado interno que padeció el país por más de cinco décadas luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

En el teatro capitalino Jorge Eliécer Gaitán, el sacerdote Francisco de Roux, que preside la comisión desde su creación, en 2017, presentó el informe final Hay futuro si no hay verdad, de 896 páginas, resultado “del diálogo social y la investigación” sobre el largo enfrentamiento.

Al menos 14 mil víctimas de las guerrillas, los paramilitares de ultra-derecha y los agentes estatales fueron escuchadas por la comisión de carácter extrajudicial. Desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, matanzas y torturas son algunos de los horrores retratados en el informe que concluye que los colombianos sufren de “traumas colectivos” que pasan “de una generación a otra”.

Según el documento, que no tiene fuerza judicial, el conflicto se agudizó sobre todo entre 1996 y 2008 cuando se produjeron 75 por ciento de las víctimas, la mayoría pertenecientes a la población civil.

Las cifras de la comisión revelan la magnitud de lo ocurrido: 50 mil 770 personas secuestradas, 121 mil 768 desaparecidas, 450 mil 664 asesinadas y 7.7 millones desplazadas forzosamente.

Al menos 9 millones de víctimas entre ellos 8.2 millones de desplazados, un millón de asesinados y 109 mil desparecidos han sido registradas oficialmente.

Con este documento, apoyado por la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia católica, “hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y la comunidad internacional” para la no repetición del conflicto, añadió De Roux.

El sacerdote jesuita entregó al presidente electo, el progresista Gustavo Petro, 19 recomendaciones al Estado para garantizar el cumplimento de acuerdo que desarmó a las FARC, evitar que se repitan los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto y crear políticas que impulsen a una paz duradera.

Insta a adelantar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país, “acabar con la corrupción en todos los niveles”, dar un giro hacia un enfoque de regulación de las drogas y asegurar las condiciones laborales y de vida digna para los campesinos, entre otros aspectos enfocados a asuntos económicos, éticos y jurídicos que den “salida en debates de fondo”.

El primer paso en ese sentido, dice el reporte, es reconocer a las víctimas del conflicto armado “en su dolor, dignidad y resistencias”.

Petro, acompañado de su vicepresidenta electa, Francia Márquez, una ambientalista afrodescendiente que sufrió el conflicto en carne propia, se comprometió a atender estas recomendaciones, convencido de que “se volverán eficaces en la historia de Colombia”.

“Hay expectativas de paz, una paz grande, integral”, añadió el ex guerrillero del M-19 que dejó las armas en 1990 para hacer política en democracia.

El presidente saliente, Iván Duque, férreo crítico de la negociación con los rebeldes y el acuerdo de paz, no asistió al evento y envió a un delegado.

El documento aclara que le habla a un país en el que aún persiste la violencia, porque aunque firmó la paz con las FARC hace cinco años, continúan delinquiendo otros grupos al margen de la ley, como el ELN, el cártel Clan del Golfo y las disidencias de guerrillas extintas que retomaron las armas.

No hay futuro si no hay verdad se publicará por capítulos durante los próximos dos meses, cuando la comisión dejará de existir. Este primer reporte fue publicado completo en el link https://bit.ly/3ymbioH por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz.

Entre otros temas que explora el reporte se encuentra el papel del gobierno de Estados Unidos, que durante décadas brindó fondos y entrenó al ejército de Colombia en su lucha contra las FARC y la economía de las drogas que financiaba su insurgencia.

Papel de la CIA

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) contaba con pruebas de que el ejército colombiano había brindado una lista de objetivos a los paramilitares, quienes mataron a 20 trabajadores de una plantación bananera en una masacre muy conocida pero siguieron enviando miles de millones de dólares en ayuda al gobierno colombiano, según documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional consultados por el diario The New York Times.

Entre las pruebas empleadas para redactar el reporte, según el rotativo, se encuentran miles de documentos desclasificados estadunidenses reunidos y organizados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington que se especializa en brindar apoyo a las comisiones de la verdad establecidas después de conflictos.

Consultado por el Times, Michael Evans, director del proyecto de Colombia para esta organización, explicó que los documentos revelan que durante décadas Estados Unidos tuvo conocimiento de supuestos crímenes cometidos por el ejército colombiano “y aun así la relación siguió creciendo”. En agosto se publicará una biblioteca digital con los documentos, según el rotativo.

Un informe, escrito en 1988 durante un periodo en que regularmente se mataba a activistas de izquierda, halló que la ola de asesinatos se llevaba a cabo contra “presuntos izquierdistas y comunistas” era resultado de un “esfuerzo conjunto” entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del ejército colombiano e integrantes del cártel de Medellín, publicó el diario.

Otros documentos consultados muestran que Estados Unidos sabía que las empresas petroleras pagaban a los paramilitares a cambio de protección y que al menos una compañía reunía inteligencia para el ejército colombiano.