Estados y municipios tienen encima una deuda de 664 mil 903 millones de pesos, más de la mitad de ella está contratada con banca comercial, la cual en el último año llegó a cobrar una tasa real de más de 20 por ciento para cubrir insuficiencias de liquidez temporal a entidades, como es el caso Quintana Roo.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda a estados es un negocio concentrado en cinco firmas privadas de banco: Banorte, BBVA, Santander, Banamex y Multiva, que en conjunto son acreedores del 49.9 por ciento del endeudamiento en los estados y municipios.
Por parte de la banca de desarrollo en México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cubre 38.2 por ciento del financiamiento pendiente de pago en estados y municipios y la Corporación Financiera de América del Norte otro 0.2 por ciento. El resto de las obligaciones a entregar por parte de los gobiernos locales e incluso universidades públicas se queda en el sector privado.
El Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente muestra que las entidades públicas deben a Banorte (ya integrada la cartera de Interacciones) 103 mil 496 millones de pesos; después viene BBVA, al que se le deben 96 mil 340 millones de pesos. Y, en conjunto, derivado de un crédito conjunto, el gobierno de Puebla tiene un saldo de 2 mil 650 millones de pesos con ambas instituciones.
En el caso de Santander, las obligaciones pendientes ascienden a 57 mil 716 millones de pesos; en el Citibanamex a 32 mil 470 millones de pesos y en el de Multiva el saldo alcanza 23 mil 584 millones de pesos; el resto está repartido entre otras instituciones de banca múltiple, microfinancieras e instrumentos de proyectos de infraestructura específicos.
Los estados y municipios buscan financiamiento con tres propósitos: costear inversión pública, refinanciar deuda y cubrir insuficiencias de liquidez en el corto plazo.
Al primer trimestre de 2022, los gobiernos locales tenían pendientes por pagar 226 mil 733 millones de pesos que se pidieron para financiar inversión pública (monto que equivale al 34.1 por ciento de los saldos); otros 330 mil 404 millones de pesos, prácticamente la mitad de los adeudos de estados (49.69 por ciento) son por refinanciamientos de deuda.
Otro saldo de 83 mil 626 millones de pesos (12.58 por ciento) corresponde a créditos que tenían el fin doble de invertir en infraestructura pública y refinanciar deuda; y, por último, 24 mil 138 millones de pesos son deuda para cubrir insuficiencias de liquidez en el corto plazo (3.63 por ciento).
Es en este último rubro es donde se están pagando créditos en el triple del promedio. La información contenida en Hacienda muestra que Bansí —un banco jalisciense— está cobrando tasas efectivas de más del 20 por ciento.
En diciembre del año pasado y enero de éste, la institución dio dos créditos al gobierno de Quintana Roo por 350 y 450 millones de pesos, con tasas efectivas de 22.92 y 20.20 por ciento.
La tasa efectiva representa el servicio de la deuda y sus costos adicionales, en los créditos ahora vigentes y con saldos por pagar promedia 8.33 por ciento por ciento, e incluso en los créditos que son exclusivamente para cubrir insuficiencias de liquidez la media es de 7.84 por ciento.