Es necesario impulsar una regulación sobre la reproducción humana asistida en México, con visión de Estado y de salud pública, aseveró Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, al participar en los diálogos parlamentarios “Reproducción asistida, visión de salud pública”.

Desde hace casi cuatro décadas, agregó, se encuentran disponibles técnicas para este tipo de reproducción, fundadas en evidencia científica, lo que ha permitido a millones de personas cumplir su anhelo de ser padres.

Refirió que en muchos países la legislación en la materia aún es precaria o no hay regulación, y México “no es la excepción”.

Siempre, señaló, es importante regular, dentro del marco legal, temas de gran calado como éste, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y, a su vez, evitar un mayor aumento y diversificación de prácticas perjudiciales en laboratorios o clínicas clandestinas que ponen en grave riesgo la salud de la población.

La ministra en retiro recordó que hace tres años presentó una iniciativa con el objetivo de que este tema sea materia de salubridad general. Sólo en México, abundó, se tiene información de que se practican anualmente 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida, como la inducción de ovulación, la inseminación artificial, la fecundación in vitro, la transferencia de óvulos fecundados o la transferencia intratubárica de gametos.

En su intervención, Patricia Aguayo, coordinadora de la Clínica de Infertilidad y Andrología, destacó que el vacío legal ha propiciado un mercado para el turismo médico reproductivo, a través del cual muchas parejas vienen de otros países donde dichos métodos se encuentran prohibidos.

Se trata, dijo, de un tema muy delicado y con muchas aristas, por lo que se debe hacer un primer esfuerzo por tener una norma oficial, a fin de regular los establecimientos en la materia y que dirijan su actuación con apego a derecho.

El doctor Alfonso del Valle expresó que se requiere de una ley incluyente para resarcir las necesidades de todos los que sufren infertilidad, independientemente de su estado civil, sexo u orientación sexual; proteger y promover la salud, seguridad, dignidad y derechos de los que usan estas tecnologías y de aquellos que nacen de ellas.

Rafael Espino, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, insistió en que el país no cuenta con un ordenamiento específico en materia de reproducción humana asistida, por lo que la falta de regulación impacta tanto a las personas que se someten a los tratamientos como a los profesionales que los aplican, pues se carece de seguridad jurídica en este ámbito.

Indicó que entre 2003 y 2020 aumentó 160 por ciento el número de establecimientos privados y públicos, con licencia sanitaria, para practicar y llevar a cabo estos métodos.