En una negociación –hipotética hasta ahora– entre el gobierno y la sociedad civil para revisar las estrategias de seguridad, la Iglesia católica bien podría jugar un papel de mediación. No sería la primera vez, está el antecedente de Chiapas, con la mediación del obispo Samuel Tatik Ruiz en el conflicto con los zapatistas.

Al menos en la sierra Tarahumara, en Chihuahua, con los jesuitas, “sí lo veo posible”, asegura del sacerdote Javier Ávila Aguirre. “Somos la institución que estamos con el pueblo, y de manera constante, como opción de vida, no de sexenio, como los políticos”.

En medio de su conmoción y duelo por el asesinato de sus hermanos de congregación religiosa, admite sentir que en la sociedad “hay un quiebre. Este dolor provocó algo, un movimiento, y no lo podemos desaprovechar para buscar la paz y la reconciliación. Después de la masacre de Creel (2008), tuve que esconder mi esperanza para que no me la roben. Para trabajar en derechos humanos en la Tarahumara debes tener una gran capacidad de frustración”.

En entrevista, insiste que la apuesta, hoy, debe ser por la memoria. “Los sistemas políticos le apuestan al olvido. En México los muertos de hoy sepultan a los de ayer. Nosotros decimos, los muertos de ayer, los de hace 20 años, siguen provocando el mismo dolor. Que no se pierda ninguno. Es de desear que este acontecimiento tan trágico haga que se saquen las antenas, se abran los ojos y las conciencias; que nacional e internacionalmente se diga: ¡Ya basta!”

Ese es el punto de quiebre al que se refiere.

–El sábado pasado, en tu sermón en la iglesia de Chihuahua, hiciste una crítica muy directa a la estrategia de seguridad vigente.

–Y pedí una revisión a fondo. Lo que dije, en otras palabras, es: señor Presidente, su estrategia no va bien, revisemos juntos su política de seguridad. El Presidente ha dicho: vamos bien. Con todo respeto, no vamos bien.

–¿Alguna propuesta, alguna visión sobre por dónde hay que ir?

–Yo no tengo una visión específica. Lo que vislumbro es que esto tiene que salir junto con el pueblo. Todos nosotros con el gobierno. En la sociedad hay mucha apatía. Hay que hacer que tenga más injerencia, más poder de decisión.

Ávila Aguirre, párroco de Bocoyna, llegó a la sierra Tarahumara recién ordenado como sacerdote en la Compañía de Jesús hace casi medio siglo y ha sido testigo y vocero informal de todos los sucesos trágicos que han golpeado a las comunidades indígenas, que han salido a la luz pública en buena medida gracias a la relación de El Pato, como se le conoce, con los periodistas. Pero sobre todo porque, como dice, “tengo ojos y orejas en toda la sierra”.

Es fundador y actual director de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Cosydhac, formada en 1988 por iniciativa del entonces obispo de la Tarahumara José Llaguno) y en esas funciones siempre acompañó a las familias de los cientos de desaparecidos en Chihuahua en sus marchas y exigencias de justicia.

“Voy a ser parte afectada”

En algún momento durante las angustiosas 72 horas que transcurrieron entre el momento en el que los dos jesuitas de Cerocahui fueron asesinados, junto con el guía de turistas Pedro Palma, y sus cuerpos fueron sustraídos por los homicidas, llegó a pensar:

“Qué barbaridad, de ahora en adelante ya no voy a ser solidario con estas familias, voy a ser parte de ellos, como parte afectada, con mis hermanos desaparecidos”. Encontrados e identificados los cuerpos, el duelo y el dolor ya son otros.

Del otro lado de la línea telefónica es fácil percibir la conmoción del padre Ávila por estos últimos crímenes.

Caso Ellacuría

Se dice que la guerra civil en El Salvador se desató con el homicidio de un cura, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980. Y terminó con en la ejecución de otros jesuitas, seis catedráticos de la Universidad Centroamericana (Uca) que dirigía Ignacio Ellacuría, la cocinera y su hija adolescente. Ese momento, 1989, es considerado como el punto de inflexión que finalmente destrabó las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra en 1992.

–¿Ve Javier Ávila ese paralelismo?

–No veo tanto un paralelo. A Ellacuría y los otros padres de la Uca iban a matarlos, iban tras ellos por su voz, por su exigencia de justicia. En los hechos de Cerocahui no. Este sujeto, el ejecutor, algo traía en su cabecita que se le destrampó. Pero no iba tras El Gallo (Javier Campos) y Morita (Joaquín Mora). Ese ha sido mi gran interrogante ¿Por qué los mató?

–En otro sentido, quizá. El asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989 es considerado como el principio del fin de la guerra, el detonante que hizo que entonces sí Estados Unidos y todos los actores se tomaran en serio la necesidad de salir del conflicto mediante un acuerdo negociado.

–Por ahí, sí. Y es de desear que este acontecimiento tan trágico haga que se saquen las antenas, se abran los ojos y las conciencias; que nacional e internacionalmente se diga ¡Ya basta! Un punto de quiebre. En El Salvador esos hechos los llevaron a una búsqueda muy seria de soluciones de fondo, soluciones horizontales. Aquí no hay guerrilla, pero sí vivimos la guerra, y uno de los frutos ojalá sea que se escuche el grito; que lo escuchen los tres niveles de gobierno. Porque cada uno de ellos tiene su responsabilidad. Y grave.

Poner el cuerpo en medio

–En un contexto de violencia como el que vive la sierra, volverse parte del pueblo, como lo hacen los jesuitas, significa poner el cuerpo en medio del fuego.

–Y en esta ocasión literalmente así fue. En la primera agresión, fue Joaquín Mora el que cayó. No me imagino que El Gallo (Joaquín Campos) haya corrido, o por el contrario, haya golpeado o tratado de desarmarlo. Al contrario, se acercó preguntando “¿qué pasa?” Y también le tocó a él.

–¿Otros religiosos jesuitas en la sierra, tú mismo, están en una situación de peligro?

–Mira, yo tengo medidas cautelares desde hace tiempo. Y me las he ganado porque yo no me callo. Siempre digo lo que pienso. ¿Qué estamos en riesgo? Claro. Pero antes que nosotros Jesucristo estuvo en riesgo. Y hoy mismo nos está diciendo: “síganme”. Eso es típico del jesuita.

–¿Has sido amenazado?

–Sí, cuando la masacre de Creel yo hice señalamientos muy fuertes. También hemos señalado al Ejército por casos de desapariciones. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que necesitábamos las medidas junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer de Chihuahua.

Oídos sordos

–El vicario del arzobispado denunció que hace un año solicitaron audiencia a la gobernadora María Eugenia Campos y no la ha concedido.

–Eso es cierto.

–¿En qué términos debe darse ese diálogo?

–Lo que solicitamos es que el presbiterio pueda dialogar. Los que estamos con la gente, los que no tenemos un interés material, los que caminamos con el pueblo y no tenemos ningún interés en explotar los recursos. En cada sexenio sucede lo mismo. Entra un nuevo gobierno y quieren inventar el estado, con una manera muy limitada. Hay procesos que deben continuar. Propusimos dialogar con esta señora, presentar nuestro punto de vista. Y no se ha dado esa oportunidad.

La gente acude a mí porque tengo orejas y ojos en todas partes. Pero cada sexenio tengo que tocar de puerta en puerta a ver quién me pela. Por eso, estaba yo en diálogo por la cuestión de la población expulsada de su comunidad. Sí me interesa el diálogo, pero cuando da resultados. Si no, no.