Ciudad de México. En los dos años y medio que le quedan al sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se juega su carácter histórico” en la medida en que logre o no pacificar al país y reformar las instituciones de justicia, de acuerdo con Mario Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Patrón, quien lleva más de 20 años vinculado a los jesuitas y que entre 2014 y 2019 dirigió una de las obras sociales más importantes de la Compañía de Jesús en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegura en entrevista que los asesinatos de los misioneros jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar –masacrados el 20 de junio junto con el guía turístico Pedro Palma por sicarios en el templo de Cerocahui, Chihuahua– dan cuenta de que hay regiones del país “perdidas bajo un fenómeno de macrocriminalidad”, por lo que se requiere replantear la estrategia gubernamental para atenderla.

Es momento, afirma el maestro en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de que el gobierno pase “de las narrativas a los hechos, y es ahí donde no vemos avances”.

Para Patrón no sólo está pendiente la aprehensión del responsable de los asesinatos y la localización de dos personas más que se encuentran desaparecidas, sino que hace falta “una explicación plausible sobre lo que sucedió” por parte de las autoridades.

Además, asevera, “no tenemos conocimiento de la existencia de una investigación de gran calado que nos ayude a explicar cuál es el andamiaje estructural que ha permitido que el crimen organizado se apodere del poder real, armado, político y económico en esta región”.

El rector plantea que se requiere un plan regional de pacificación de la Tarahumara, que se genere a partir de un proceso de diálogo y social con las comunidades, pero también una nueva “estrategia de control del crimen organizado en donde la institucionalidad del Estado no existe o está cooptada, corrompida y amenazada”.

Y es que, subraya, “en diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón era presidente, declaró una guerra al crimen organizado cuando los índices de homicidios dolosos del país nos hablaban de un México enteramente pacífico en comparación al de hoy. Esa política de militarización de la seguridad pública la siguió Enrique Peña Nieto y hoy tenemos una muy parecida, pero bajo el nombre de la Guardia Nacional, que de facto es una institución militar.

“En 16 años no se ha logrado la pacificación de México”, enfatiza. Por eso “creemos que es momento de generar nuevos diagnósticos y planteamientos. No es un problema exclusivo del gobierno actual, pero estamos ya a la mitad del sexenio y no se ha logrado pacificar al país ni vemos que los índices de impunidad bajen, van de 95 a 99 por ciento”.

Si bien la Compañía de Jesús ha sido clara respecto a que la vida de un jesuita no vale más que la vida de una ciudadana o un ciudadano, el mensaje que dejan los asesinatos de los sacerdotes “es devastador, porque en realidad (los sicarios) están acribillando a quien acompaña al pueblo”.

Replantear la estrategia frente al crimen organizado es necesario para “dar condiciones de trabajo, seguridad y sobrevivencia a las comunidades, en primer término, y en segundo lugar a las y los religiosos que desarrollan un trabajo generoso y admirable, pues son quienes suplen a la institucionalidad del Estado” en zonas donde éste está ausente.