“Aquí no va a haber ninguna diferenciación, tenemos muy claro quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los perpetradores, y vamos a ir a la reivindicación de la memoria, la verdad y el derecho de todas las víctimas”, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, interrogado sobre los reclamos de organizaciones que reprocharon que hay un intento de reivindicación de la actuación de las fuerzas armadas.

Tras el comienzo de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia de la llamada guerra sucia, durante un acto la semana pasada en el Campo Militar número 1, diversas agrupaciones, como el Comité ¡Eureka! y el Comité 68, entre otras, lamentaron el anuncio del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, de inscribir en el muro de honor los nombres de militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

“Con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas”, dijo Sandoval el miércoles pasado.

Ayer, durante una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México, Encinas expuso: “Lo digo con toda claridad, vamos a ir a fondo en estas investigaciones, independientemente de los procesos internos que siga la Sedena, nosotros vamos a atender a las víctimas que fueron objeto de esos lamentables hechos durante toda la llamada guerra sucia en el país”.

El subsecretario también se pronunció por derogar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, esto luego de que la semana pasada, durante la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar el conocido como caso Tzompaxtle, la representación del Estado mexicano –enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores– defendió la permanencia de ambos recursos.

“Lo digo con toda claridad, estas figuras deben derogarse, nadie puede ser privado de su libertad sin que esté en un proceso judicial plenamente acreditado”, indicó Encinas.