Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 59VG/2022, por graves violaciones a derechos humanos, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, debido a la privación de la vida de un elemento de esta dependencia, quien falleció por asfixia luego de que en el marco de un curso de entrenamiento realizado en Mexicali, Baja California, uno de los instructores lo “enterrara” en un bunker.

La víctima murió en un curso de fuerzas especiales en el desierto, el 24 de noviembre de 2020, después de que el servidor público que fungía como instructor le ordenó que se introdujera en uno de los búnker, que previamente los cursantes habían excavado. “Una vez dentro, el instructor ordenó que lo taparan, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron. Posteriormente, se ordenó a otros cuatro elementos que se introdujeran al mismo búnker (el número 8) y también los enterraron, tan es así que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría”.

Los testimonios recopilados refirieron que “los responsables del grupo comenzaron a tomar fotografías riéndose de lo que ocurría y que este tipo de prácticas eran recurrentes por parte de ambos, sin que el responsable principal del grupo se percatara de ello, ya que lo hacían cada vez que se alejaba del lugar”.

La CNDH expuso que tras ser auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, cuatro de los sepultados lograron salir sin darse cuenta de que la víctima quedó al interior, ni en qué momento fue ingresado al mismo. “Una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital. No obstante, al llegar al nosocomio ya se encontraba sin signos vitales”.

Las investigaciones de la CNDH evidencian que “la víctima fue privada de la vida por acciones y omisiones de quienes estaban a cargo del entrenamiento, elementos adscritos a la Sedena, con lo cual se violentó el derecho a la vida” y se alteraron los derechos de los integrantes de su familia. “Las personas servidoras públicas que se encontraban al mando no procuraron cumplir con el deber reforzado del cuidado para garantizar la integridad de los cursantes. Además, quedó evidenciada la falta de vigilancia respecto a las prácticas irregulares que entre soldados llevan a cabo como “métodos de castigo”.

Por lo anterior, solicitó a la Sedena que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que colabore ampliamente con el Juzgado Militar encargado del trámite de la Carpeta de Investigación en contra de las personas servidoras públicas responsables de los hechos, al igual que con la Fiscalía General de Justicia Militar de Investigación del Delito y Control de Procesos para el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de uno de los servidores públicos involucrados.

Del mismo modo, le pidió solicitar que se remita copia de la Recomendación 59VG/2022 al Juzgado Militar que integra la Carpeta de Investigación, y al Órgano Interno de Control en la Sedena que lleva un procedimiento administrativo de investigación, con el objeto de que sea incorporada a la documentación de estos procesos, y que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos, dirigido a las integrantes del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales Temamatla, Estado de México, y del Centro de Operaciones en Desierto, Laguna Salada, Baja California, ambos del Ejército Mexicano, enfocados a prevenir hechos similares.