Lima. El gobierno de Perú declaró ayer estado de emergencia en las carreteras a nivel nacional y dispuso el control del orden de las vías a la policía y fuerzas armadas, luego del anuncio de una huelga de camioneros que demandan medidas para reducir los impactos del incremento global de los precios de los combustibles.

La medida suspende los derechos constitucionales de libre tránsito y de reunión de personas, en busca de evitar el bloqueo de las vías. La circulación de vehículos lucía normal en la tarde en la mayoría de las regiones, salvo en cuatro puntos al interior del país, dijo el jefe policial de carreteras, Ghino Malaspina.

Dirigentes de los camioneros se reunieron sin éxito el fin de semana con representantes del gobierno para atender sus demandas.

El dirigente del gremio de transportistas de carga pesada, Marlon Milla, anunció la huelga desde ayer de su gremio que agrupa a 400 mil unidades en el país.

Algunos integrantes del sector agrario anunciaron también que se sumarían a la huelga, en protesta por el alza de los precios de los fertilizantes y escasez de este producto a poco mas de un mes del inicio de la campaña de siembra a nivel nacional.

Los altos precios mundiales del combustible vinculados a la invasión rusa de Ucrania han avivado el malestar en Perú, el segundo productor de cobre del mundo.

El gobierno del presidente Pedro Castillo ha tomado medidas para frenar el aumento del costo de vida, pero la tasa de inflación anual se mantiene en torno al 8 por ciento, su nivel más alto en 24 años.

Decenas de unidades de transporte de carga desfilaron con inscripciones sobre el paro en sus ventanas cerca al puerto principal de Lima, sin que se registraran choques con la policía.

La popularidad de Castillo ha caído fuertemente en medio de investigaciones de corrupción en su gobierno y protestas tras asumir funciones el julio del año pasado, con la promesa de dar beneficios a los más pobres en el país andino.

Castillo rechaza recibir a comisión del Congreso

A todo esto, Castillo rechazó a último momento atender la recomendación de su abogado recibir a una comisión del Congreso que tenía previsto interrogarlo sobre un caso de presunta corrupción que puede acarrear un pedido de destitución en su contra.

La bancada de la coalición oficialista denunció que Castillo es víctima de “una persecución política disfrazada de legalidad”.

El ministerio público investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia pues tiene inmunidad como jefe de Estado.

El Congreso ha fracasado en dos intentos de destituir al mandatario, el último de ellos en marzo, cuando en un juicio político relámpago cosechó solo 55 de los 87 votos necesarios.