Zacatecas, Zac. La Secretaría de la Función Pública de Zacatecas (SFPZ), informó este martes que ha inhabilitado por actos de corrupción a ocho ex funcionarios del pasado gobierno estatal priísta, quienes en conjunto “acumulan sanciones equivalentes a 171 años de inhabilitación”.
Los ocho ex funcionarios “provocaron una serie de prescripciones que se investigaban por el robo del erario, lo que impidió que se sancionara a los presuntos responsables”, es decir explicó Humbelina López Loera, titular de la SFPZ del actual gobierno morenista, esas ocho personas hoy sancionadas -entre ellas la ex titular de esa misma dependencia-, “en vez de investigar y sancionar los actos de corrupción, archivaron los expedientes y ello propició que imperara la impunidad”.
En conferencia de prensa la funcionaria indicó que los actos de corrupción señalados representan un daño al erario por 593 millones 72 mil 056 pesos. Sin embargo, por ser una resolución que todavía es judicialmente impugnable, sólo pueden darse a conocer los nombres patronímicos de los responsables.
López Loera indicó que, “a efecto de revertir la impunidad que se arrastra desde los gobiernos del pasado, los cuales ‘crearon su propio manto protector’, en la actual administración la SFP estatal ha trabajado en tareas de investigación de irregularidades que lleven a sanciones y emitir sentencias justas contra los responsables, apegadas en todo momento al marco del derecho”.
Entre las anomalías, se encuentran varios “expedientes de casos de corrupción e impunidad”, dijo, como el fracaso en la construcción de la presa Milpillas, y otro más relacionado con “gastos millonarios sin comprobar”, en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.
También, señaló la titular de la SFPZ, se detectaron “aviadores”, viajes desmedidos, y expedientes que fueron archivados por funcionarios públicos desde el sexenio del ex gobernador priísta Miguel Alonso Reyes (2010-2016), donde también hubo funcionarios estatales que “despilfarraron, saquearon y robaron sin contemplación y miramiento alguno al erario público, que es propiedad de la sociedad zacatecana”.
Los expedientes que se “archivaron” y causaron la prescripción de los delitos, según la SFPZ, incluyen de hecho “obras improductivas que en nada beneficiaron a la sociedad zacatecana”, heredadas desde el régimen de Alonso Reyes (actualmente subsecretario de acción política del CEN del PRI), como “las 58 millonarias glorietas en la entrada de los municipios o el Centro Cultural de la Toma de Zacatecas, un ‘elefante blanco’ que costó 380 millones de pesos a la sociedad zacatecana”.
De hecho, el tamaño del desfalco al erario que produjo al erario fue de tal dimensión, recordó López Loera, que al asumir Miguel Alonso Reyes el gobierno en el año 2010 la deuda pública de Zacatecas “era de 650 millones de pesos y, al finalizar el mandato, era de 7 mil 674 millones de pesos”. Y su sucesor, Alejandro Tello Cristerna (quien fue Secretario de Finanzas con Alonso Reyes), nunca investigó esos expedientes.
Ahora, argumentó la funcionaria del gobierno de David Monreal Ávila, “con la inhabilitación inmediata de estas funcionarias y funcionarios, reafirmamos nuestro total compromiso con hechos de esta nueva gobernanza, con su compromiso total y frontal en el combate a la corrupción y de cero tolerancia a la impunidad”.